El presidente Gustavo Petro, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, protagonizaron un nuevo roce por la falta del aval financiero para el Tren de Cercanías por parte del Ministerio de Transporte. Hoy, sábado 8 de noviembre, se cumple el plazo para que el MinTransporte lo entregue, pues empieza a regir oficialmente la ley de garantías.
“Es una burla con nuestro pueblo que por egos políticos internet hundir el sueño del Tren de Cercanías”, le respondió Eder al presidente, luego de que este cuestionara a la bancada de congresistas vallecaucanos por hundir la reforma tributaria. “Usted plantea una venganza política contra los vallecaucanos ante la postura libre y autónoma del Congreso”, respondió por su parte la gobernadora.
El pasado viernes 7 de noviembre, Eder, Toro y la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, firmaron un convenio que aseguró el 30% de la financiación del tren. El otro 70% (8 billones de pesos) que será financiado por la Nación, aún está en vilo. Con la respuesta del presidente, se abre la puerta a que no será hasta después de la segunda vuelta presidencial del 2026 que otorgará el aval.
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El agarrón entre los mandatarios
El presidente respondió a la formalización del convenio entre Cali, Jamundí y el Valle para cofinanciar el 30% del proyecto. Además de señalar a la bancada vallecaucana por hundir la reforma tributaria, también señaló que por eso debía priorizar otros proyectos como el ferrocarril de pasajeros y carga de Buenaventura y Yumbo, cuya segunda fase será a Urabá y el Caribe.
“Es una burla”, contestó Eder. “Venganza política”, dijo Dilian Toro. La gobernadora además señaló a Petro de “romper” la unidad nacional. “Gracias por nada, presidente. Qué pequeñez la suya”, agregó. Las tensiones llegan en medio de un llamado insistente al gobierno para que entregue el aval que financia la mayor parte de este tren, que está trazado para el departamento desde hace diez años.
Hasta el 8 de noviembre había plazo para su aval. La ley de garantías, que rige cuatro meses antes de las elecciones, prohíbe a los gobernadores, alcaldes, secretarios y entidades municipales celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos, algo que pone en riesgo el Conpes y la plata de las vigencias futuras.
¿Y ahora qué?
Si el aval no llega el 8 de noviembre, ya no llegará hasta después de la segunda vuelta presidencial —si hay—, la cual está programada para el 21 de junio del 2026. En caso de que Colombia defina a su próximo presidente en primera vuelta, la ley de garantías terminará el 31 de mayo.
Es posible que alcance a llegar por parte del gobierno Petro, que finaliza su mandato el 8 de agosto. Si no, podría darse hasta el nuevo gobierno de turno. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, había prometido entregar ese aval a mediados de octubre, pero no ocurrió.
Por su parte, la gobernadora Toro aseguró que la plata de la Nación entrará en el 2028, cuando ella ya no es gobernadora. “Esto no tiene nada que ver conmigo”, resaltó. Ante la falta de aval, la mandataria aseguró que está evaluando alternativas de financiación a través de alianza público-privadas (APP).
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