La situación del Hospital Luis Ablanque de la Plata en Buenaventura ha tocado un nuevo punto de crisis, con denuncias que exponen el abandono asistencial: los pacientes que acuden al centro médico se ven obligados a suplir la escasez de insumos básicos comprando desde jeringas hasta medicamentos vitales.
Aunque la institución se encuentra intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) desde 2022, el personal médico y la comunidad señalan que la crisis financiera y de dotación se ha profundizado, haciendo insostenible la atención en el principal puerto del Pacífico.
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La intervención fallida y el llamado directo a Petro
El clamor de la población va dirigido directamente al Gobierno Nacional, al que acusan de inacción y desinterés ante la crisis humanitaria.
“El Gobierno Nacional se ha hecho el loco frente a esta situación. Necesitamos una intervención que no sea solo administrativa, sino que garantice la vida de la gente. Los pacientes de Buenaventura deben comprar hasta las jeringas para recibir atención”, señalaron líderes de la comunidad portuaria.
Los reportes de la prensa local y nacional confirman que, a pesar de los esfuerzos del Agente Interventor, los problemas persisten.
- Falta de Insumos (2025): Médicos han denunciado públicamente la falta de antibióticos e insumos esenciales para la atención, lo que obligó a personal de Pediatría a entrar en cese de actividades en abril de 2025, atendiendo únicamente urgencias vitales.
- Déficit Financiero (2025): La institución arrastra un déficit crónico. A inicios de 2025, el hospital registraba una cartera vencida que superaba los $50.000 millones, una cifra que asfixia cualquier intento de recuperación.
- Problemas de Infraestructura: El deterioro es evidente desde hace años, con fallas graves en la infraestructura, como la inoperatividad de los ascensores, lo que compromete la movilidad y seguridad de los pacientes entre pisos.
La crisis actual no solo afecta a Buenaventura, sino a toda la red del Pacífico. La falta de cumplimiento de acuerdos de pago con los especialistas ha provocado renuncias y la suspensión de servicios esenciales, dejando a la población, que ya enfrenta altos índices de violencia y pobreza, sin un acceso digno a la salud.
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