Las tierras que durante años estuvieron ligadas al cartel del norte del Valle hoy cambiaron de manos. La Agencia Nacional de Tierras recuperó dos predios amplios en Zarzal y los entregó a comunidades campesinas y afro que llevan décadas pidiendo un espacio propio para producir y sostener a sus familias.
El proceso se concentró en La Lorena y La Gloria, dos fincas que suman más de 500 hectáreas y que cargaban un historial marcado por el narcotráfico.
Los predios estuvieron asociados a redes de bienes ligados a Diego Montoya, alias Don Diego, y a personas señaladas como testaferros. Tras la captura del capo y su extradición, esas tierras pasaron al Estado a través de la administración de activos, pero nunca tuvieron un uso estable. Con el tiempo aparecieron ocupaciones sin respaldo legal y proyectos que no respondían a la vocación del suelo.
La ANT revisó los títulos, confirmó la situación jurídica y tomó control de las fincas. El proceso incluyó acompañamiento de autoridades del Valle y presencia de la Defensoría, con el objetivo de evitar conflictos durante la recuperación.
En dos días, las entidades cerraron el trámite y entregaron el control de La Lorena y La Gloria a organizaciones rurales que venían insistiendo en un acceso legítimo a la tierra.
Lo que viene para las comunidades en el Valle del Cauca
Para las familias beneficiadas, la entrega abre una posibilidad real de producción. Los grupos campesinos planean sembrar cultivos de pancoger y recuperar prácticas tradicionales. Las asociaciones afro del sector también proyectan iniciativas productivas que sostengan a sus comunidades y ayuden a estabilizar la economía local.
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Para muchas de estas personas, significa volver a sembrar en la zona donde crecieron o donde trabajaron sus padres. Las mujeres del consejo comunitario del sector hablaron de madrugar a cuidar semilleros, preparar la tierra y retomar cultivos que dejaron atrás por falta de espacio propio.
El interés principal es reactivar la economía agrícola en un corredor fértil del norte del Valle. En este espacio, los productores esperan levantar cosechas que consoliden ingresos estables y fortalezcan la soberanía alimentaria en la región. No se trata solo de “tener una finca”; se trata de recuperar territorio y de asegurar una fuente de trabajo digna.
Una transición que cambia la historia de la zona
Las 536 hectáreas recuperadas dejan atrás un capítulo oscuro, pues durante años, estas tierras fueron símbolo del poder económico que dejó la estructura criminal de Montoya. Hoy, el foco está en que produzcan alimentos y en que aporten a la estabilidad de las comunidades que las reciben.
Las familias beneficiadas afirman que la propiedad les dará más que un sustento. También les entregará un lugar donde crecer, sembrar y planear un futuro sin depender de terceros.
