La reciente entrega de predios por parte del Gobierno Nacional en el Valle del Cauca generó una gran controversia. Organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas manifestaron su profunda preocupación. Enviaron una carta al presidente Gustavo Petro exigiendo una mesa urgente de diálogo y concertación. El conflicto radica en la adjudicación de tierras a comunidades que provienen de otros territorios del país. Esta decisión ignora las necesidades históricas de acceso y formalización de las comunidades locales.
El reclamo de los líderes se basa en que el Valle del Cauca alberga un vasto número de organizaciones rurales activas. Existen más de 400 colectivos campesinos debidamente organizados. Las comunidades indígenas tienen 15 solicitudes de ampliación o constitución de resguardos pendientes.
Por su parte, los grupos afrocolombianos suman 89 peticiones que buscan su formalización territorial. Estos datos demostrarían que la demanda por tierras en el departamento es significativa. Para ellos, el gobierno desconoció esta realidad al realizar las entregas.
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La situación resulta inexplicable para los firmantes del documento, quienes consideran que las entidades deben aplicar un criterio de justicia territorial. Gran parte de estas organizaciones locales sufrieron directamente el conflicto armado interno.
Las decisiones tomadas sin su participación, según señalan, complican su proceso de recuperación. La entrega de predios sin el debido proceso arriesga la revictimización de estos grupos. Además, aseguran que esto profundiza las condiciones de vulnerabilidad que ya enfrentan. Por lo que piden al gobierno reconocer el historial de desplazamiento y violencia que tienen estas comunidades.
¿Qué piden?
La solicitud principal busca la instalación inmediata de una mesa de concertación. Las entidades del Sistema de Reforma Agraria deben formar parte de este espacio. Esto incluye a la Agencia Nacional de Tierras y a la Unidad de Restitución. Las organizaciones buscan articular las acciones territoriales de forma correcta.
Piden la aplicación efectiva del artículo 55 del Decreto Ley 902 de 2017. Este artículo garantiza un procedimiento claro y transparente. Exige que los procesos de acceso a la tierra tengan difusión y socialización. La participación directa de las organizaciones comunitarias del Valle del Cauca es imprescindible.
Los líderes firmantes buscan fortalecer la justicia territorial en la región. Una articulación adecuada entre el gobierno y las bases sociales resulta fundamental. La carta dirigida al presidente Petro reitera esta disposición al diálogo. .
