En Cali se llevó a cabo una nueva jornada de esclarecimiento sobre el conflicto armado de la JEP. Durante la Audiencia de Observaciones de Víctimas del Bloque Sur de las Farc, nueve exintegrantes de esa guerrilla entregaron detalles de ataques que afectaron a la población civil en municipios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
Los excombatientes, pertenecientes a las columnas Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, narraron hechos considerados no amnistiables. Sus versiones giraron en torno a acciones armadas ejecutadas para disputarse el control territorial y social en esta región estratégica del suroccidente colombiano.
El magistrado Raúl Sánchez, delegado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), señaló que hay un patrón claro en estos ataques. Según explicó, la estructura insurgente recurrió a tomas guerrilleras, atentados contra la Fuerza Pública y asaltos a entidades bancarias como estrategia para imponer dominio en los territorios.
Entre 1993 y 2015 se documentaron 288 confrontaciones armadas en esta subregión. Toribío aparece como el municipio más golpeado, con 65 hechos; luego Corinto con 60 y Caloto con 56. El año más crítico fue 2010, periodo en el que se registraron 32 acciones violentas.
Población civil: la más golpeada
Sánchez recalcó que los años más duros se vivieron entre 2002 y 2010. La violencia dejó muertes, personas con lesiones graves y comunidades sumidas en un miedo constante. En muchos sectores, la gente vio limitado su derecho a movilizarse y a vivir sin temor.
Las afectaciones se concentraron en pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes que habitan el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. La JEP sostiene que estos grupos sociales enfrentaron un deterioro extremo de sus condiciones de seguridad durante esos años, al quedar en medio de las acciones bélicas.
Las declaraciones entregadas en Cali buscan aportar al esclarecimiento de responsabilidades dentro del conflicto y permitir que las víctimas conozcan la verdad de lo ocurrido. La JEP continuará estudiando estos hechos para avanzar en justicia, reparación y garantías de no repetición en una región que aún intenta sanar las heridas de la guerra.
Condena a responsables de atentados en el Valle
Recientemente, tres miembros de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, aceptaron su responsabilidad por los atentados registrados en junio. Los implicados, identificados como alias Vanesa, Masco y Camilo Andrés Ochoa Huertas, firmaron un preacuerdo con la Fiscalía.
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Según la investigación, estos individuos trasladaron dos maletines con explosivos desde Jamundí hasta Villa Colombia. Los artefactos fueron instalados en la Avenida Sachamate y en la glorieta de El Rodeo, vía Panamericana. Uno detonó provocando daños en infraestructura; el otro fue neutralizado antes de explotar.
Un juez les impuso penas de prisión y multas millonarias. Vanesa y Masco deberán cumplir 10 años y 9 meses de cárcel, además de una multa de 5.729 millones de pesos. Ochoa Huertas recibió seis años de prisión y una sanción de 2.882 millones. Los cargos: concierto para delinquir agravado, terrorismo y porte de armas de uso restringido.
