Entre enero y noviembre de 2025, el Grupo Operativo Anticontrabando de la Gobernación decomisó más de 9.500 unidades de licor y cerca de 178.000 cigarrillos irregulares. Los resultados fueron presentados durante el Comité Interinstitucional Anticontrabando realizado esta semana en Cali.
La Gobernación insiste en que estos controles no solo buscan frenar el ingreso de mercancía ilegal, sino proteger la salud pública y las rentas que financian programas esenciales. Desde la Unidad de Rentas explicaron que el trabajo operativo se mantiene activo en todo el departamento, con inspecciones en bares, tiendas, bodegas y rutas de transporte donde más se mueve este mercado clandestino.
Las autoridades resaltaron que las incautaciones superan los 809 millones de pesos al sumarse todo el material decomisado. Cada procedimiento evita que productos sin control sanitario lleguen a las fiestas, celebraciones o ventas callejeras, especialmente en temporada de alta demanda.
Municipios del Valle se suman al control contra contrabando
Durante la sesión del Comité, varios municipios destacaron la necesidad de mantener la coordinación permanente. En Cartago, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno señaló que estos espacios permiten actuar en conjunto y reducir los riesgos asociados al contrabando, que van desde disputas entre redes ilegales hasta afectaciones directas a los comerciantes formales.
En Calima-El Darién anunciaron que aumentarán los operativos durante diciembre. La Administración local afirmó que ya tienen rutas identificadas donde se incrementa el movimiento de productos ilegales en época de fin de año, por lo que reforzarán los controles con apoyo del Grupo Operativo Anticontrabando.
Más controles en terreno
El balance también incluye 383 procedimientos de aprehensión y 258 cierres de establecimientos que incumplían la normatividad. Estos cierres se aplicaron a negocios que almacenaban, distribuían o vendían licor y cigarrillos sin cumplir los requisitos exigidos.
La Gobernación asegura que la estrategia continuará, pues las rentas departamentales dependen en buena parte de los recursos provenientes del consumo legal de bebidas y tabaco. Estos ingresos financian áreas como salud, deporte, educación y otros programas sociales que impactan a toda la población.
