La crisis de seguridad en el sur del Valle del Cauca ha escalado a un nuevo nivel de control territorial por parte de grupos armados ilegales. Una investigación periodística de la revista Semana reveló el funcionamiento de un peaje ilegal operado por las disidencias de las FARC en una zona rural del municipio de Jamundí, muy cerca de los límites con el departamento del Cauca.
Este puesto de control forzoso no solo genera zozobra, sino que impone una nueva carga económica a los habitantes y transportadores que necesitan transitar por ese corredor estratégico.
Tarifas fijas y control armado
Según la denuncia documentada por SEMANA, el peaje se encuentra activo y sus tarifas están claramente establecidas. El sistema de extorsión funciona de la siguiente manera:
- Motocicletas: deben pagar $8.000 pesos para poder continuar su recorrido.
- Vehículos particulares y de servicio público: tienen que desembolsar $15.000 pesos por cada paso.
El puesto ilegal es vigilado por hombres armados que, mediante intimidación, obligan a los conductores a pagar la extorsión, la cual opera como una “renta de guerra” para financiar las actividades de la estructura armada.
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Funcionamiento y ubicación estratégica
La ubicación de este retén ilegal no es casual. Se encuentra en una zona rural de Jamundí que históricamente ha sido un corredor de movilidad para el tránsito de insumos, personas y mercancías hacia el Pacífico.
- Punto de presión: al establecerse en este punto, las disidencias buscan maximizar la recolección de dinero, aprovechando la necesidad de los campesinos, comerciantes y pequeños transportadores de usar la vía.
- Zona gris: el peaje opera en un sector que es una zona gris de difícil acceso para las patrullas del Ejército y la Policía, lo que les permite mantener el control sin una intervención inmediata de la Fuerza Pública.
Respuesta de las autoridades
El alcalde de Jamundí y el comandante de la Policía Metropolitana han reaccionado a la denuncia de Semana, confirmando que ya se tienen indicios sobre la presencia y las actividades de estas estructuras en la zona.
La Gobernación del Valle ha convocado un consejo de seguridad extraordinario para abordar específicamente esta nueva modalidad de extorsión. Se espera que en los próximos días se desplieguen operaciones militares conjuntas con el fin de desmantelar el puesto ilegal y garantizar la libre movilidad de los ciudadanos.
La situación subraya el desafío que representa el control territorial de las disidencias en el sur del Valle, y la necesidad urgente de fortalecer la presencia institucional en las áreas rurales afectadas por el conflicto.
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