En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se asestó un golpe estructural a las finanzas del grupo delictivo ‘Los Rastrojos Nueva Generación’. Mediante la aplicación de la figura de extinción de dominio, las autoridades ocuparon bienes cuyo valor comercial supera los $7.000 millones de pesos.
Detalles de la ocupación y ubicación de los bienes
El operativo se centró en propiedades que, según las investigaciones, fueron adquiridas con dineros provenientes del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal en el suroccidente del país. Los activos afectados incluyen:
- Inmuebles urbanos y rurales: casas de lujo y lotes ubicados en zonas estratégicas de Cali, Jamundí y Cartago.
- Propiedades en el Eje Cafetero: fincas productivas que servían como fachada para el lavado de activos en el departamento del Quindío.
- Vehículos de gama alta: automóviles y motocicletas que estaban a nombre de testaferros vinculados a la estructura criminal.
El nexo con la estructura criminal
Las investigaciones lideradas por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio revelaron que estas propiedades pertenecían a cabecillas de la denominada “Nueva Generación” de Los Rastrojos. Este grupo ha intentado retomar el control de las rutas de envío de cocaína hacia el Pacífico, financiando su guerra territorial mediante el ocultamiento de bienes bajo nombres de familiares y terceros sin antecedentes penales.
La Fiscalía determinó que los titulares actuales no lograron justificar el origen lícito de los fondos utilizados para la compra de dichos activos, lo que permitió la imposición de medidas cautelares de embargo, secuestro y toma de posesión.
Ruta de los bienes
Tras la ocupación, los bienes pasaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de su administración. Se espera que, tras el proceso judicial correspondiente, estos activos puedan ser destinados a programas sociales o a la reparación de víctimas en las zonas donde la estructura delincuencial ha tenido mayor impacto.
Este operativo se suma a una serie de acciones judiciales que buscan asfixiar el músculo financiero de las bandas criminales en el Valle del Cauca, un departamento clave para la logística de los grupos armados organizados.
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