La Fiscalía ordenó extinción de dominio a 12 bienes de Valentina Forero Álvarez, varios de ellos ubicados en el Valle del Cauca, dentro de una investigación por presunto lavado de activos ligado al narcotráfico internacional. Las propiedades, según las autoridades, estarían relacionadas con dineros de origen ilegal enviados desde Colombia hacia otros países.
Entre los bienes se encuentran seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos de comercio, ubicados en Cali, Jamundí y Sevilla, en el Valle del Cauca, y también en Armenia, Quindío. Su valor total supera los 7.300 millones de pesos.
La decisión fue adoptada por un fiscal especializado tras reunir pruebas que muestran que los bienes no tendrían respaldo económico legal. Para la Fiscalía, su adquisición no corresponde a ingresos lícitos demostrables.
Uno de los puntos que más llaman la atención del proceso, es que las propiedades no figuraban directamente a nombre de Valentina Forero Álvarez. Según las autoridades, estaban registradas a nombre de empresas, familiares y personas cercanas.
La investigación señala que estas personas no contaban con la capacidad financiera para justificar la compra de inmuebles, vehículos o negocios de alto valor. Esto llevó a los investigadores a concluir que se trataría de una estrategia para ocultar el verdadero origen del dinero.
Para la Fiscalía, esta forma de manejo patrimonial buscaba dar apariencia de legalidad a recursos que, presuntamente, provendrían del tráfico de drogas hacia el exterior. Como se conoce, el uso de terceros es una práctica común en esquemas de lavado de activos.
Investigación con alcance internacional
Valentina Forero Álvarez fue capturada en noviembre de 2023 en la ciudad de Armenia. Posteriormente, en mayo de 2025, fue extraditada a Estados Unidos, donde enfrenta un proceso judicial por delitos relacionados con lavado de activos.
Las autoridades estadounidenses le atribuyen movimientos financieros cercanos a los 2.9 millones de dólares en efectivo. Estos movimientos habrían ocurrido entre junio de 2022 y abril de 2023.
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Según la acusación, los recursos fueron canalizados por el sistema financiero internacional y luego enviados a Colombia. Parte de ese dinero habría sido usado para adquirir bienes y sostener la red.
Las autoridades señalaron que esta medida busca debilitar las finanzas de estructuras criminales y evitar que esos recursos sigan siendo utilizados.
