Miles de vallecaucanos que se desplazan diariamente entre Cali y sus municipios vecinos han manifestado su indignación ante el reciente ajuste en las tarifas de transporte intermunicipal. Las alzas, que comenzaron a aplicarse de forma generalizada, alcanzan incrementos de hasta el 30 %, una cifra que triplica el índice de inflación y supera ampliamente el ajuste del salario mínimo para este año.
El impacto es crítico para trabajadores y estudiantes de municipios como Candelaria, Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y El Cerrito, quienes reportan que el costo diario de transporte está mermando significativamente sus ingresos mensuales.
El caso crítico de la ruta Candelaria–Cali
Uno de los puntos con mayor descontento es Candelaria. Los usuarios denuncian que el pasaje pasó de $6.300 a $8.000, un aumento de $1.700 por trayecto. Para una persona que labora o estudia en Cali, esto representa un gasto adicional de aproximadamente $85.000 mensuales, solo en transporte intermunicipal.
Argumentos encontrados: Empresas vs. Comunidad
Las empresas transportadoras, como Línea del Valle, han justificado los incrementos basándose en:
- El alza acumulada en los precios de los combustibles.
- El ajuste del salario mínimo para el personal operativo.
- Los costos de mantenimiento de la flota.
Sin embargo, el concejal Alfredo Cadena cuestionó estas razones, señalando una desproporción técnica. “El IPC cerró el año 2025 en 5,1 %, pero las empresas subieron las tarifas entre el 25 % y el 30 %. Esto no guarda relación con los indicadores económicos reales”, afirmó el cabildante.
Gestiones y recolección de firmas
Ante lo que consideran un cobro arbitrario, la comunidad se ha organizado para radicar derechos de petición ante la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, respaldados por más de 3.000 firmas de ciudadanos afectados.
Por su parte, la alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo, aclaró que la fijación de tarifas intermunicipales es de libertad regulada y no es competencia directa de las alcaldías locales. No obstante, aseguró que se están adelantando mesas de concertación con los gerentes de las empresas para buscar una tarifa diferencial o una reducción que mitigue el impacto social.
Se espera que en los próximos días la Superintendencia de Transporte se pronuncie sobre la legalidad de estos incrementos y si las empresas cumplieron con los protocolos de notificación y justificación de costos ante el Gobierno Nacional.
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