La Defensoría del Pueblo lanzó una dura advertencia sobre la precaria situación del sistema de salud en el suroccidente colombiano. El organismo calificó al Valle del Cauca como uno de los departamentos con mayores barreras de acceso para los pacientes. Por esta razón, la entidad exigió al Ministerio de Salud dejar de lado las “declaraciones indolentes” y garantizar los derechos humanos de la población sin discriminación alguna.
La crisis tiene un rostro financiero evidente en la capital del Valle. El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, reportó que la cartera vencida de las EPS con la red hospitalaria pública y privada alcanza los tres billones de pesos. Esta falta de pago impide que los centros médicos cumplan con sus obligaciones salariales hacia los trabajadores de la salud. De hecho, solo la red hospitalaria pública y distrital enfrenta deudas que superan los $69.000 millones.
Entidades con mayores problemas de atención
De acuerdo con el monitoreo de las autoridades, dos aseguradoras concentran las mayores quejas en la región:
- Nueva EPS: es el asegurador más grande del país y el principal deudor de la red local. Sus usuarios enfrentan constantes demoras en citas y cirugías.
- Emssanar: es la entidad dominante en el régimen subsidiado. Sus problemas financieros afectan directamente a la población más vulnerable de Cali.
Esta situación se traduce en una atención cada día más deficiente. Los pacientes denuncian con frecuencia la falta de entrega de medicamentos básicos y la cancelación de procedimientos vitales. La Defensoría criticó la falta de empatía del ministro Guillermo Jaramillo ante la angustia de los médicos y enfermeras, quienes deben lidiar diariamente con el sufrimiento de los ciudadanos ante la incertidumbre económica.
Un llamado a la equidad en los recursos
Aunque el Gobierno Nacional ha manifestado su prioridad por fortalecer lo público, la Secretaría de Salud de Cali recordó que la red privada también cumple una función social esencial. En Cali, las clínicas privadas atienden a un gran porcentaje de la población subsidiada. Por lo tanto, Escobar insistió en que tanto hospitales públicos como clínicas privadas deben ser tratados con igualdad en el flujo de recursos.
Finalmente, el funcionario distrital expresó su esperanza de que se logre una solución de fondo antes de que termine el mandato actual. El objetivo inmediato es estabilizar el flujo de dinero para garantizar que los caleños reciban sus tratamientos a tiempo. Mientras tanto, las autoridades locales continúan monitoreando la situación para evitar un colapso total en los servicios de urgencias de la ciudad.
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