La aplicación de un nuevo IVA del 19% a los licores generó proyecciones negativas para la economía del Valle del Cauca. Según gremios como Acodrés, el incremento en los precios finales podría provocar una reducción del 47% en el consumo regional. Esta cifra representa casi la mitad del volumen de ventas registrado durante el año anterior, lo que genera incertidumbre en el sector de entretenimiento y servicios.
El director de Acodrés, Brany Prado, señaló que este impuesto afecta la capacidad de los ciudadanos para acceder a espacios de recreación. De acuerdo con los estimativos de la Industria de Licores del Valle, el impacto en el precio es significativo: una botella que costaba $42.000 pasaría a valer cerca de $75.000. Este ajuste obligaría a los consumidores a modificar sus hábitos, priorizando el ahorro sobre el esparcimiento fuera del hogar.
Efecto en los comercios locales
Para los propietarios de establecimientos nocturnos y tiendas de barrio, el nuevo escenario fiscal dificulta la sostenibilidad de sus negocios. Los comerciantes explican que el costo se traslada directamente al cliente final. Por ejemplo, si una botella de aguardiente llega al distribuidor en $70.000, su precio de venta en un local comercial podría oscilar entre los $90.000 y $100.000.
Esta estructura de precios preocupa a dueños de locales quienes advierte que los altos costos desincentivan la asistencia a bares y discotecas. La percepción de los consumidores consultados refuerza esta postura, indicando que el aumento en los precios limitará sus ratos de esparcimiento o los obligará a permanecer en casa para evitar el gasto extra.
Riesgos para la inversión social
Desde la Gobernación del Valle se analizan las implicaciones de este impuesto nacional en las finanzas del departamento. Históricamente, el recaudo por el consumo de licores constituye una fuente vital para el financiamiento de la salud, la educación y el deporte. Una caída del 47% en el consumo se traduciría en una reducción proporcional de los recursos destinados a estos sectores básicos de protección social.
Ante este panorama, la administración departamental, en coordinación con otros gobernadores del país, inició acciones jurídicas ante las Altas Cortes. El objetivo de estas gestiones es buscar medidas que protejan las rentas regionales y aseguren que la inversión social no se vea comprometida por la disminución del recaudo. Por el momento, el sector comercial permanece a la expectativa de posibles ajustes o salvaguardas legales.
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