La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, señaló que el aumento al impuesto sobre el consumo de licores afectaría principalmente a los sectores más pobres de la población, mientras que los grandes patrimonios “ni siquiera consumen aguardiente y viven fuera del país”. La declaración se produce tras la suspensión provisional del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional, que buscaba incrementar de manera significativa este gravamen.
La mandataria explicó que los recursos provenientes de las rentas cedidas a los departamentos son esenciales para financiar educación, deporte y salud en el Valle del Cauca.
“Si disminuyen los recursos, quienes más sufren son los niños en las escuelas y las personas que dependen del sistema de salud subsidiado”, señaló.
En cifras, el departamento destina cerca de 700 mil millones de pesos a la Adres para garantizar la atención en el régimen subsidiado.
Un recorte en estas rentas, según la gobernadora, pondría en riesgo tratamientos oncológicos, medicamentos básicos y la operación de hospitales y centros de salud.
Vocería ante el Gobierno y las cortes
Desde la Federación Nacional de Departamentos, la gobernadora ha asumido la vocería frente al Gobierno Nacional y la Corte Constitucional. Su intención ha sido explicar los efectos sociales y técnicos que tendría la medida.
“Ya solicitamos la oportunidad de intervenir para exponer cómo estas decisiones afectan a nuestra población. La Constitución protege estas rentas, destinadas exclusivamente a salud, educación y deporte”, recordó.
