El hallazgo del cuerpo de un comerciante en la zona rural de Tuluá ha generado conmoción en el centro del Valle del Cauca. La víctima, identificada como Sebastián Ponce Sánchez, estaba desaparecida desde diciembre de 2025. Tras semanas de angustia para su familia, la comunidad reportó el hallazgo en el sector conocido como El Picacho. Este trágico desenlace ocurre en medio de una investigación por presunto secuestro que ya adelantaban las autoridades competentes en la región.
El cuerpo del hombre presentaba varias heridas causadas por impactos de bala al momento de ser localizado. Según la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, la familia ya había denunciado la desaparición meses atrás. Las autoridades presumen que detrás de este crimen estarían integrantes del Frente 57 “Yair Bermúdez”.
Este grupo, que forma parte de las disidencias de las FARC, opera frecuentemente en la zona norte y rural de Tuluá. Información preliminar indica que los captores habrían exigido una fuerte suma de dinero por la liberación del comerciante.
Al parecer, la familia alcanzó a realizar un pago parcial del rescate. Sin embargo, los delincuentes habrían decidido terminar con la vida de Ponce Sánchez a pesar del movimiento económico.
Un comerciante dedicado al campo
Sebastián Ponce Sánchez era reconocido en el sector por sus actividades agrícolas desde hacía varios años. El hombre, de quien se sabe era padre de dos hijos pequeños, centraba su trabajo en los negocios del campo. Las autoridades investigan ahora si sus labores comerciales lo convirtieron en blanco de constantes extorsiones por parte de grupos ilegales.
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La policía y el Gaula buscan establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el asesinato en esta zona montañosa. Por ahora, los esfuerzos se concentran en recolectar pruebas que vinculen formalmente a los cabecillas de la estructura armada.
El caso ha pasado a manos de unidades especializadas para dar con el paradero de los responsables. La muerte del comerciante deja un vacío enorme en su hogar, especialmente por sus hijos de diez y un año de edad. La comunidad pide justicia y mayores garantías para quienes trabajan en las veredas de Tuluá.
