La situación de orden público en la zona alta de Jamundí alcanzó un nuevo nivel de gravedad. Habitantes de la región denunciaron que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, imponen multas millonarias a quienes se nieguen a enfrentar a las tropas. Según los testimonios, los campesinos que no participen en las asonadas contra el Ejército Nacional deben pagar sanciones de hasta dos millones de pesos.
Esta presión criminal busca frenar el avance de la Tercera Brigada en corregimientos estratégicos como Ampudia, San Antonio y Timba. En días pasados, una turba de aproximadamente 400 personas cercó y expulsó a un grupo de 50 soldados que realizaba labores de control. Las autoridades confirmaron que estas acciones no son espontáneas, sino que responden a la intimidación directa del frente ‘Jaime Martínez’ sobre la población civil.
Ofensiva militar a pesar de las asonadas
El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, rechazó estos hechos y pidió respeto por la dignidad de los uniformados. El funcionario fue enfático al señalar que las tropas seguirán subiendo a todas las zonas rurales del departamento. A pesar de la hostilidad generada por las disidencias, el Ejército mantendrá los patrullajes ofensivos para intentar recuperar el control territorial en el suroccidente del Valle del Cauca.
La comunidad rural de Jamundí se encuentra en medio del fuego cruzado y la extorsión. Algunos residentes relataron que los guerrilleros patrullan junto a los campesinos para asegurar que nadie evada la orden de expulsar a los soldados. Quienes se resisten a participar en estas asonadas enfrentan amenazas contra su vida o el cobro forzoso de las multas, lo que deja a los habitantes sin margen de maniobra frente al grupo armado.
El corredor estratégico hacia el Naya
El control de la zona alta de Jamundí es vital para las disidencias debido a su conexión con la región del río Naya. Este corredor permite el transporte de estupefacientes y el movimiento de armas hacia el océano Pacífico. Por esta razón, la estructura criminal utiliza a la población civil como escudo humano para evitar que la Fuerza Pública bloquee sus rutas de narcotráfico y suministro.
Los habitantes de veredas como Villa Colombia y San Antonio pidieron un acompañamiento permanente de las autoridades. La comunidad teme que, una vez se retiren las tropas tras una asonada, las represalias de las disidencias se intensifiquen. La Gobernación del Valle y el Ejército Nacional mantienen la alerta máxima para proteger a los civiles y desarticular las redes de extorsión que hoy asfixian al campesinado de Jamundí.
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