La crisis humanitaria en la zona alta de Jamundí se agrava por el asedio de las disidencias de las Farc a las instituciones educativas. Según denuncias de la Fundación Territorio de Paz, integrantes de la estructura ‘Jaime Martínez’ están ingresando a las escuelas para captar menores de edad. Esta situación afecta principalmente a los corregimientos de Timba, Ampudia, San Antonio, La Liberia, La Cabaña, Robles y Villa Colombia.
Los métodos de reclutamiento han evolucionado hacia la infiltración y el uso de la tecnología. Miembros del grupo armado se hacen pasar por estudiantes para ganarse la confianza de los jóvenes dentro de los planteles. Paralelamente, utilizan redes sociales como TikTok y Facebook para publicar contenido que resulte atractivo para los adolescentes. El objetivo es convencerlos de unirse a sus filas mediante engaños o promesas de poder.
Presencia institucional nula y aumento de denuncias
Las cifras revelan un panorama desolador. En los últimos tres años, el reporte de jóvenes reclutados en Jamundí pasó de 76 casos a superar los 300. Lina Tabares, representante de la Fundación Territorio de Paz, señaló que la administración municipal conoce esta problemática desde 2023. Sin embargo, advirtió que las acciones han sido insuficientes debido a que la institucionalidad no puede hacer presencia permanente en estos corregimientos por el control que ejercen los actores armados.
La falta de control estatal deja a los estudiantes en una situación de vulnerabilidad extrema. Muchos jóvenes se encuentran expuestos diariamente a los reclutadores en sus propios entornos de aprendizaje. Aunque la fundación asegura que todos los casos han sido documentados y presentados ante las autoridades judiciales, las investigaciones avanzan con lentitud. La comunidad exige garantías reales para que los entornos escolares vuelvan a ser espacios seguros.
Llamado de la Gobernación a la denuncia anónima
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se pronunció sobre esta grave violación a los Derechos Humanos. La mandataria instó a las familias a denunciar formalmente estos hechos ante la Fiscalía y la Fuerza Pública. “La mayoría de las veces las familias no denuncian por temor. Sin una denuncia oficial es imposible realizar investigaciones contundentes”, explicó Toro. La Gobernación enfatizó que la información puede suministrarse de manera anónima para proteger a los declarantes.
Por su parte, el Ejército Nacional mantiene su ofensiva militar en la parte alta de Jamundí con el fin de recuperar el control territorial. Las autoridades buscan desarticular los corredores de movilidad de las disidencias que facilitan el traslado de los menores hacia zonas de combate o campamentos de entrenamiento. Mientras la presión militar continúa, los habitantes de la zona rural insisten en que se requiere una intervención integral que incluya inversión social para evitar que los jóvenes vean en los grupos armados una opción de vida.
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