La seguridad del personal sanitario en el Valle del Cauca se vio gravemente comprometida este fin de semana. El pasado 5 de abril de 2026, un equipo médico fue interceptado por hombres armados en la zona alta de Tuluá. Los sujetos obligaron a un auxiliar de enfermería y al conductor de una ambulancia a desviarse de su ruta para atender a un presunto integrante de las disidencias de las Farc.
El equipo médico fue trasladado bajo amenazas hasta una finca en el corregimiento de Barragán. Allí debieron prestar servicios de urgencia a una persona con heridas de bala. Según las autoridades, el paciente habría resultado herido en recientes combates entre estructuras subversivas que se disputan el control territorial en la cordillera Central.
Infracción al Derecho Internacional Humanitario
El secretario de Seguridad de Tuluá, Martín Hincapié, rechazó de manera tajante el incidente. El funcionario calificó el secuestro y la coacción del personal como una agresión directa a la misión médica. “Fueron sacados de su sitio de manera obligada. Ni siquiera se respetan los mínimos del conflicto armado”, señaló Hincapié al confirmar que el médico del equipo también estuvo involucrado en la retención.
Ante la gravedad de los hechos, la administración local solicitó la intervención de organismos nacionales e internacionales. El llamado busca garantizar la protección de los trabajadores de la salud que operan en zonas de conflicto. La preocupación radica en que este tipo de actos desincentiva la prestación de servicios básicos en las áreas rurales más apartadas del municipio.
Alerta en el suroccidente colombiano
Este evento se suma a una racha de alteraciones al orden público en la región durante el cierre de la Semana Santa. En la tarde del domingo, las autoridades también detectaron dos cilindros con explosivos en la vía Panamericana, entre Timbío y Rosas. El hallazgo obligó al cierre temporal de la carretera durante el plan retorno mientras el Ejército realizaba la desactivación controlada.
La situación en Tuluá permanece bajo vigilancia constante por parte de la Fuerza Pública. Las estructuras criminales en la zona continúan presionando a la población civil y a las instituciones de servicio público. Por ahora, el personal médico afectado se encuentra en libertad, pero el gremio de la salud en el Valle del Cauca exige garantías reales para continuar con su labor humanitaria en el departamento.
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