Una grave denuncia encendió las alarmas en Buenaventura. Según informó Fabio Cardozo, jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos socio jurídicos de Buenaventura, bandas criminales estarían sometiendo a niñas y mujeres a condiciones de esclavitud sexual en distintos sectores del distrito.
De acuerdo con el funcionario, este fenómeno de violencia representa una de las formas más extremas de vulnerabilidad de derechos humanos en el territorio, afectando principalmente a poblaciones en situación de Precariedad.
Frente a esta situación, Cardozo anunció que, en el marco de los procesos de dialogo con estructuras criminales, se alcanzó un acuerdo orientado a poner fin a estas practicas. Aunque no se han revelado todos los detalles, el compromiso buscaría frenar este tipo de delitos y garantizar mayor protección para las víctimas.
Acuerdo histórico por las mujeres en Buenaventura
En medio de este contexto, se conoció un avance significativo en la construcción de paz territorial. Lideresas sociales, autoridades y actores armados participaron en la firma de un acuerdo que busca erradicar todo tipo de violencia contra mujeres niñas y adolescentes.
Este proceso se gesto durante meses a través de encuentros, diálogos y mesas técnicas, impulsado principalmente por mujeres del territorio, quienes lograron posicionar la necesidad de un pacto integral por la vida y la dignidad.
“Este es un evento potente, lleno de esperanza, construido con las manos, la mente y el corazón de las mujeres de Buenaventura”, destacó Fabio Cardozo, al señalar que este avance responde a más de 30 años de violencia que han afectando especialmente a las mujeres.
El acuerdo representa un paso clave en la búsqueda de garantías reales para las victimas y en la reducción de prácticas como la explotación sexual en la región.
Una ciudad marcada por la violencia
Buenaventura, uno de los principales puertos del país, ha sido históricamente golpeado por la violencia de grupos armados y organizaciones ilegales, que disputan el control territorial y ejercen diferentes formas de coerción sobre la población civil.
Las autoridades y organizaciones sociales han insistido en la necesidad de reforzar las acciones institucionales para proteger a mujeres y menores de edad, así como de asegurar que los responsables enfrenten la justicia.
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Este nuevo anuncio abre una ventana de esperanza, pero también plantea retos importantes en materia de verificación y cumplimiento, en un contexto donde la seguridad sigue siendo uno de los principales desafíos para la región.
