La Alcaldía de Cali y el Instituto Colombiano Penitenciario y Carcelario (INPEC) han firmado un convenio interadministrativo con el objetivo de reducir el hacinamiento en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la ciudad. Este acuerdo busca mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad que están en estos espacios temporales. Con una inversión de 2.000 millones de pesos.
El convenio, impulsado por el alcalde Alejandro Eder, permitirá que el INPEC se encargue de atender a los sindicados en los centros penitenciarios de Cali y Jamundí. Estos recursos se destinarán a la compra de elementos esenciales como kits de aseo, colchonetas, ventiladores y combustible. Jairo García Guerrero, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, destacó que esta es una medida a corto plazo para garantizar los derechos fundamentales de esta población.
“El convenio responde a nuestra responsabilidad constitucional de proteger a quienes están privados de la libertad”, afirmó.
Convenio interadministrativo: una medida histórica para Cali
Por su parte, Guillermo Andrés González, director regional del INPEC, resaltó la importancia del convenio, indicando que hace 18 años no se firmaba un acuerdo de este tipo. Según González, esta alianza muestra cómo la colaboración entre entidades puede aliviar problemas críticos como el hacinamiento.
Además de este convenio, la Alcaldía ha trabajado en la mejora de la infraestructura de algunas estaciones de Policía. Como las de El Diamante, Alfonso López y Marianos Ramos. Estas adecuaciones forman parte de un esfuerzo para garantizar mejores condiciones a los sindicados en sitios de reclusión temporales.
A mediano plazo, la Administración Distrital tiene previsto adecuar un centro de detención transitorio. Esto permitirá contar con un espacio adecuado para quienes estén privados de la libertad. Miestras que a largo plazo, se planea la construcción de una cárcel distrital en Cali, un proyecto incluido en el Plan de Desarrollo que busca solucionar de manera definitiva los problemas de hacinamiento.
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La inversión en estas personas es una obligación de los entes territoriales, como lo establece la Ley 65 de 1993. Esta normativa exige que los presupuestos municipales incluyan partidas para gastos de las cárceles. Estas incluyen pagos de empleados, alimentación, vigilancia, suministros y otros servicios.
