El secuestro del menor de 11 años, Lyan José Hortúa, en la zona rural de Jamundí, paralizó el Valle del Cauca y el país. El suceso, ocurrido el pasado 3 de mayo, sacó a la luz los problemas de violencia que hay en el territorio por el actuar de los grupos armados ilegales. Pero también puso sobre la mesa alarmas sobre la violación de derechos de los niños y las niñas en el marco del conflicto armado.
Más allá de las discusiones alrededor de las nociones humanitarias y del conflicto, revelaciones de la Revista Semana relacionaron el secuestro con asuntos del narcotráfico. Según ese diario, el secuestro de Lyan se dio por una vieja deuda de 37 mil millones de pesos entre Diego Pérez Henao, alias “Diego Rastrojo”, cabecilla de ‘Los Rastrojos’, y José Leonardo Hortúa Blandón, alias Mascota, el padre del menor, quien mantuvo una estructura criminal en el Norte del Valle y fue asesinado en el 2013.
Sin embargo, CW+ Noticias tuvo acceso a pruebas y testigos que desmienten esa versión. Si bien es cierto que el padre del menor tuvo nexos con el narcotráfico, su secuestro estuvo lejos de ese universo. La retención del menor se trató de una extorsión a su padrastro, Jorsuar Suárez, un joyero de la zona. Incluso, era el objetivo del Frente Jaime Martínez de las disidencias, quienes terminaron raptando a Lyan en su lugar. La propia guerrilla reconoce que fue “un mal procedimiento”.
El tras escena del secuestro y la negociación
Hombres armados ingresaron a la casa de Lyan José Hortúa en la noche del sábado 3 de mayo en Potrerito, zona rural de Jamundí. La madre del menor, Angie Bonilla, había estado sola con sus dos hijos y la empleada doméstica hasta 15 minutos antes del asalto, cuando llegó Jorsuar Suárez, el padrastro de Lyan. Él era el objetivo del secuestro. Según comunicaciones de la guerrilla a las que CW+ tuvo acceso, Suárez ya había recibido tres advertencias previas sobre un posible rapto. No obstante, él asegura que nunca las conoció.
El Frente Jaime Martínez iba en busca de Suárez, dueño de “Jorsuar Joyeros”, una joyería que fundó hace 13 años en Ciudad Jardín, al sur de Cali. El secuestro buscaba extorsionar a su familia para que, a cambio del joyero, se pagara una suma de dinero. Sin embargo, según videos de las cámaras de seguridad de la casa de la familia, Suárez se encerró en un cuarto, por lo que los secuestradores se llevaron a Lyan José y a la empleada, a quien liberaron después.
Según confirmó a CW+ una fuente cercana al caso, ese día no solo se llevaron al niño, sino también la camioneta del padre del menor. Esa camioneta fue abandonada en el sector de La Cabaña, ubicado en el corregimiento de La Librea. Al día siguiente, el 4 de mayo, el Frente Jaime Martínez envió un video de supervivencia del menor a su familia. “Mi nombre es Lyan Hortúa. Hoy es 4 de mayo y son las 4 de la tarde. Estoy retenido”, dice el menor en el video, al cual CW+ tuvo acceso. Lyan estuvo retenido en la región del Naya, ubicada entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, zona en la que operan las disidencias.
Desde el 7 de mayo, tres días después de ese video, inició formalmente el contacto de la guerrilla con la familia del menor, con un intermediario de la comunidad de Villacolombia, Jamundí. Según le confirmó a CW+ Noticias una fuente cercana a la negociación, Lyan dio el número de su abuela a sus captores —el cual se sabía de memoria—. La llamaron, pero no contestó. Luego, vía WhatsApp, le dejó una nota de voz. “Contesten, por favor, que me van a entregar”, dijo Lyan en el audio enviado a su abuela.
Una vez se creó el primer contacto, el comandante “Jairo Moreno”, del Frente Jaime Martínez, se comunicó con Jorsuar Suárez, el padrastro del menor. “Lo que pasó fue un incidente por ahí creo que las unidades nuestras se confundieron y pues hicieron un procedimiento mal hecho”, dice el comandante guerrillero en la llamada a la cual CW+ Noticias tuvo acceso. Por eso informa que están “cuadrando para hacer la entrega respectiva del menor”. En ese momento, el comandante le exige a Suárez que no haya presencia de la Fuerza Pública en la negociación.
“No somos empresarios ni tenemos dinero. Solo somos comerciantes”, responde Suárez en la llamada, con voz temerosa. En el marco de esa negociación, el comandante le pide a Suárez que envíe una persona que Lyan identifique para liberarlo. En ese momento, a pesar de que el caso se trató de extorsión, no se había exigido dinero ni un trueque, tal como lo denunció Gerardo Mendoza, personero de Cali. El trato buscaba liberar al niño con una persona de confianza que él conociera y sin presencia de la Fuerza Pública. Pero, tal como confirmó CW+, a la familia le dio temor cumplir con esa exigencia por falta de garantías.
En ese entonces, la Cruz Roja, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Arquidiócesis de Cali ya venían haciendo un trabajo humanitario para lograr la liberación. Sin embargo, pese a la mediación y los contactos previos entre la guerrilla y la familia, no fue posible.
El caso dio un giro. Las disidencias se echaron para atrás y esta vez solicitaron una cifra de dinero para liberar al menor. Según conoció CW+ Noticias, se dio porque la familia incumplió con no dar declaraciones públicas del secuestro, acuerdo previo pactado con la guerrilla. La ONU informó la decisión de exigir dinero y aseguró que la liberación podría tardar hasta cinco meses.
La noticia no cayó bien en la familia, ni en Angie Bonilla, madre del menor. Con el paso de los días, su salud mental se deterioró. El 9 de mayo, en horas de la noche, Bonilla fue hospitalizada en la Clínica Valle del Lilí, en Cali, por el impacto emocional del secuestro. Así lo informó el comisionado de Paz, Otty Patiño. “Está hospitalizada como consecuencia del dolor y ansiedad causados por el secuestro”, aseguró. Bonilla estuvo hospitalizada por cinco días.
Desde ese 9 de mayo, hasta el 17, las disidencias se mantuvieron alejadas de la familia del menor. Y lo estuvo aún más de los organismos humanitarios, tal como lo aseguró el padre Diego Guzmán, director de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali. “En los últimos días, no ha habido ninguna señal, ningún mensaje que permita tener una certeza (…) hace ya varios días tenemos ahí un silencio, que no hay ninguna manifestación y eso también preocupa”, dijo.
Por su parte, la comunidad de Villacolombia retomó contacto con las disidencias, como mediadora de la liberación. Entre el 17 y el 18 de mayo, el intermediario de esa comunidad solicitó un número telefónico a la familia de Lyan y estableció una llamada con el menor a través de dos teléfonos que se encontraron entre sí. En ese entonces, se reanudaron las negociaciones. Suárez fue quien las lideró.
Según confirmó CW+ Noticias con fuentes cercanas a la negociación, el Frente Jaime Martínez inicialmente pidió 3 mil millones de pesos para la liberación de Lyan José. Por eso, Suárez le pidió a la guerrilla que le devolviera su camioneta robada para él venderla y obtener parte del dinero. Las disidencias accedieron y dispusieron de la camioneta en Santander de Quilichao, en donde fue recogida el 19 de mayo por Antonio Cuadros, primo de Suárez —quien posteriormente fue asesinado en el centro de Cali—.
Una vez recogida la camioneta, las disidencias bajaron la suma de dinero a 1.000 millones de pesos. Un día después, el 20 de mayo, una prima de la madre del menor se desplazó hacia Villacolombia en compañía del intermediario de la comunidad de ese corregimiento para negociar. CW+ confirmó que la negociación se dio desde las 9 de la mañana, hasta las 5 de la tarde. Finalmente, el monto acordado fue de 300 millones de pesos. Ese fue el total del pago entregado a la guerrilla, no 4 mil millones de pesos, como especuló la prensa.
El miércoles 21 de mayo, a las 6 de la mañana, Antonio Cuadros y la prima encargada de negociar el monto del dinero, subieron hasta la región del Naya para entregar el dinero y proceder con la liberación de Lyan. Tras varias horas contando los 300 millones de pesos en efectivo, a las 4:30 de la tarde el niño fue entregado a su familia. “Al ver la poca eficiencia de la autoridad, y ante toda la zozobra que sentíamos de que al niño le pudieran hacer algo, nos vimos obligados a pagar un rescate”, dijo a La FM Sebastián Bonilla, tío de Lyan José.
CW+ Noticias confirmó que la negociación solo se dio entre la guerrilla, la familia y el intermediario de la comunidad de Villacolombia. En parte, por pedido de los disidentes de suprimir cualquier injerencia de la Fuerza Pública u otros actores externos. Por eso, ni las autoridades, ni la comisión humanitaria se enteraron de que hubo pago de por medio, tal como lo afirmó Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.
“La Gran Alianza” narco no estuvo detrás del secuestro de Lyan
Una carta revelada por la Revista Semana relaciona el secuestro de Lyan José con “La Gran Alianza”, una estructura presuntamente liderada por Juan Carlos Rivera, alias ’06’, y compuesta por los narcotraficantes Jair Sánchez alias “Mueble Fino”, Carlos José Robayo alias “Guacamayo”, y Diego Rastrojo, jefe de ‘Los Rastrojos’. Según la misma, estos se habrían aliado con el Frente Jaime Martínez y ordenaron el secuestro de Lyan José para saldar una deuda del pasado entre Rastrojo y José Leonardo Hortúa, alias Mascota, el padre del menor. Sin embargo, no hay pronunciamiento oficial de las autoridades nacionales e internacionales que ratifique o niegue la existencia de esta alianza.
CW+ Noticias conoció que esta versión no es cierta, según dos fuentes cercanas al caso. Si bien José Leonardo Hortúa, el padre de Lyan, tuvo nexos con el narcotráfico, el secuestro de su hijo no tuvo nada que ver con “La Gran Alianza”. Como relató CW+ Noticias, el tras escena del secuestro del menor se trató de una extorsión a su padrastro, el joyero Jorsuar Suárez.
“Una estructura como la “Gran Alianza” —si existiera— no tendría sentido que accediera a un pago tan bajo como 300 millones, menos aún después de pedir inicialmente 3 mil”, le dijo a CW+ Noticias una fuente cercana al proceso.
De “La Gran Alianza” se habla en medios desde el 2021, aproximadamente. Según la Unidad Investigativa de El Tiempo, esta estructura estaría conformada por varios capos extraditados, deportados y “jubilados” que mantienen sus hilos en el narco colombiano y que estarían cobrando parte de sus bienes y rutas. Según ese diario, habrían sellado alianzas con la red ‘La Cordillera”, de Pereira, y con el ‘clan Bustamante”. Asimismo, fuentes de la Policía confirmaron a El Tiempo, Diego Rastrojo estaría coordinando acciones desde Estados Unidos, en donde paga una condena de 30 años por narcotráfico.
Por su parte, José Leonardo Hortúa fue narcotraficante. Era conocido como alias ‘Mascota’ o alias ‘Mochacabezas’. Según reportes policiales, era testaferro de Diego Rastrojo. A Hortúa lo asesinaron el 19 de abril de 2013, justo después de salir de la cárcel. No alcanzó a conocer a Lyan, quien nació el 29 de mayo de ese año. Según Semana, Angie Bonilla habría heredado sus bienes y sería su presunto testaferro. Pero tampoco es confirmado.
“Mi familia es honesta. Somos trabajadores, no tenemos deudas ni ningún negocio ilícito. Somos personas del común que nos esforzamos todos los días. El típico colombiano que trabaja y que quiere salir adelante”, se defendió Bonilla ante una rueda de prensa.
El primo asesinado y sus presuntos nexos con el narco
El 22 de mayo de 2025, un día después de la liberación de Lyan Hortúa, fue asesinado en el barrio Bretaña de Cali, Jesús Antonio Cuadros Osorio, primo del padrastro del menor.
Inicialmente, el crimen generó especulaciones sobre una posible conexión con el pago del rescate. Sin embargo, fuentes del CTI confirmaron a CW+ que el homicidio no guarda relación con el secuestro de Lyan. Aunque Cuadros acompañó la liberación del menor, no fue quien entregó el pago directamente. Lo hizo la prima de Angie Bonilla, cuyo nombre se mantiene en reserva.
Cuadros, según información confirmada por fuentes judiciales, presuntamente era trabajador un narcotraficante conocido en la región.
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El CTI ya tiene avanzadas las investigaciones en esa línea. Cuadros tenía antecedentes judiciales por porte ilegal de armas y lesiones culposas, y había sobrevivido a un intento de secuestro en 2014.
