La Contraloría General de la República inhabilitó por cinco años a Alberto Hadad, actual asesor de la Secretaría de Movilidad de Cali. La decisión, que comenzó a aplicarse desde el 23 de agosto de 2024, prohíbe a Hadad ocupar cargos públicos o establecer cualquier tipo de contrato con la Alcaldía durante este tiempo. La sanción se dio a conocer públicamente el martes y marca un punto clave en una investigación que llevaba varios años en curso.
Hadad, quien previamente se desempeñó como secretario de Movilidad en Cali, ha sido una figura polémica debido a su gestión en esa dependencia, donde sus decisiones fueron objeto de numerosas críticas. En ese entonces, varios actores políticos expresaron preocupación sobre las implicaciones económicas de su administración. Particularmente por el manejo de los recursos destinados a la movilidad en la ciudad.
Uno de los denunciantes principales en este caso fue el representante a la Cámara, Alejandro Ocampo. El político había advertido sobre los problemas en la gestión de Hadad hace aproximadamente ocho años. A través de su cuenta en X , Ocampo celebró el fallo de la Contraloría, afirmando que sus denuncias, finalmente, habían sido validadas.
“Hace 8 años dije que Alberto Hadad, quien era secretario @MovilidadCali, era un irresponsable y le iba a hacer perder plata a la ciudad. Hoy la @ContraloriaCali me da la razón”, comentó Ocampo.
La denuncia de Ocampo surgió cuando Hadad estaba al frente de la Secretaría de Movilidad, una posición en la que sus decisiones tuvieron un impacto directo en la infraestructura y el funcionamiento del sistema de transporte de la ciudad. Según el representante, la administración de Hadad resultó perjudicial para Cali, generando pérdidas económicas que afectaron tanto al erario público como a la eficiencia del sistema de transporte.
Hadad también enfrentará una multa millonaria
El fallo de la Contraloría no se limita a la inhabilidad, sino que también incluye una sanción económica para el exfuncionario. Hadad deberá pagar una multa que supera los 105 millones de pesos, un monto significativo que busca reparar, en parte, el daño económico causado durante su administración. La combinación de estas sanciones refleja la gravedad de los hallazgos por parte del ente de control.
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Finalmente, el fallo ha generado reacciones no solo en el ámbito político, sino también entre los sectores que vigilan la gestión pública. Muchos ven esta sanción como un ejemplo de la importancia de la rendición de cuentas y la vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos.