A pesar de las restricciones impuestas por la Alcaldía de Cali, los eventos programados en la popular Carpa La 66 se llevaron a cabo en plena Feria de Cali. Esta decisión desató un tenso enfrentamiento entre los organizadores y las autoridades locales, quienes habían ordenado la suspensión de las actividades por supuestas irregularidades.
Según la administración municipal, los eventos incumplían varias normativas de seguridad y carecían de los permisos necesarios para realizar actividades masivas. Entre los documentos pendientes estaban el código PULEP, la póliza de cumplimiento y un concepto de gestión del riesgo, considerados esenciales para garantizar la seguridad de los asistentes.
Además, la Carpa La 66 enfrenta un proceso adicional debido a las denuncias de los vecinos del sector, quienes se quejaron del exceso de ruido generado durante las presentaciones. Este conflicto escaló hasta un inspector de Policía, quien emitió una orden de cierre definitivo para el establecimiento.
Resistencia de los organizadores
El conflicto escaló cuando, el 26 de diciembre, las autoridades locales emitieron una resolución final sobre el futuro de la Carpa La 66. La decisión ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades económicas del lugar, especialmente aquellas relacionadas con espectáculos musicales en vivo y el expendio de bebidas alcohólicas.
Según el informe del Inspector de Policía, la operación de la Carpa violaba varias normativas, incluyendo los códigos CIIU aplicables a espectáculos públicos y la venta de bebidas alcohólicas. Además, se descubrió que el documento que supuestamente autorizaba el uso de suelo correspondía a otro predio, lo que ha llevado a la apertura de una investigación por posible falsedad en documento público.
A pesar de las medidas, Carlos Paz, propietario del establecimiento, defendió la continuidad de los eventos, argumentando que contaba con toda la documentación en regla. Su postura generó tensión en los lugares, donde funcionarios de la Alcaldía y agentes de Policía intentaron detener las actividades.
No obstante, los conciertos se llevaron a cabo. Artistas como Luis Alfonso y Matecaña cumplieron con sus presentaciones, mientras que el salsero Pedro Arroyo canceló su asistencia. La decisión de los organizadores fue respaldada por algunos asistentes, aunque también provocó críticas por parte de otros sectores.
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Finalmente, mientras los organizadores insisten en que cumplen con los requisitos legales, las autoridades locales mantienen una postura firme en la aplicación de la ley. Este episodio ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre el fomento de la cultura y la necesidad de garantizar la seguridad y el orden público.
