La Procuraduría General de la Nación emitió un pliego de cargos contra Heber Vélez Valdez, docente de la Institución Educativa Rafael Navia Varón en Cali, Valle del Cauca, por presuntos abusos sexuales hacia varias de sus alumnas menores de edad. De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, el profesor habría realizado tocamientos indebidos, expresiones inapropiadas y observado a sus estudiantes de forma inadecuada, generando un ambiente de temor entre ellas.
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Los hechos, que se habrían repetido en varias ocasiones desde 2022, incluyen también comentarios ofensivos y preguntas aludiendo a la orientación sexual de las jóvenes, lo que podría haber vulnerado sus derechos fundamentales. La Procuraduría sresalta que el docente utilizó amenazas relacionadas con las calificaciones de las víctimas para evitar que denunciaran los abusos, lo que contribuyó al retraso de las denuncias.
El caso ha provocado alarma en la comunidad educativa
La investigación también señala que el comportamiento de Vélez Valdez podría haber afectado la integridad y bienestar psicológico de las estudiantes, generando un daño emocional duradero. A través de este proceso, la Procuraduría califica provisionalmente sus acciones como una falta grave cometida a título de dolo, incumpliendo sus deberes como servidor público.
Este caso ha provocado una gran alarma en la comunidad educativa, con el Ministerio Público comprometido en proteger los derechos de las víctimas y aplicar las sanciones correspondientes en caso de que se comprueben los hechos.
Por otro lado, en otro caso relacionado con abuso sexual en el ámbito escolar, la Procuraduría también formuló cargos contra el exprofesor Sanín Hernando Astudillo Martínez por presuntamente solicitar relaciones sexuales a una menor a cambio de mejorar sus calificaciones. Este hecho habría ocurrido entre 2016 y 2017, afectando el derecho de la adolescente a su libertad e integridad sexual.
Ambos casos ponen en evidencia la gravedad de las conductas inapropiadas dentro del ámbito educativo y el compromiso de las autoridades en investigar y sancionar a los responsables para garantizar la seguridad y bienestar de los estudiantes.
