MetroCali adjudicó oficialmente el contrato para la construcción del Tramo 3 de la Troncal Oriental del MIO al Consorcio Troncal Proingeco 2024, integrado por Sainc Ingeco S.A.S. y Proyectos de Ingeniería S.A. (Proing S.A.). Sin embargo, la Contraloría General de Santiago de Cali ha identificado presuntas irregularidades en la documentación presentada por el consorcio ganador, lo que llevó a que el caso fuera remitido a la Fiscalía y la Procuraduría para su investigación.
El contrato, con un costo de 132 mil millones de pesos, tiene un plazo de ejecución de 23 meses y está cofinanciado en un 70% por la Nación y en un 30% por el Distrito de Cali. El proceso licitatorio inició el 7 de octubre de 2024 con la publicación de los prepliegos y culminó en audiencia pública el 19 de diciembre de 2024, donde MetroCali otorgó formalmente la licitación al consorcio ganador.
MetroCali no habría tomado medidas ante alertas en la documentación
Según la Contraloría, MetroCali adjudicó el contrato a pesar de la existencia de documentación con posibles inconsistencias en la propuesta del consorcio ganador. Entre los hallazgos del ente de control se encuentran:
- Fiduciaria Bancolombia S.A. negó haber expedido certificaciones bancarias a favor de Proyectos de Ingeniería S.A. (PROING S.A.), una de las empresas del consorcio.
- Un documento afirmó la construcción de vías urbanas en un condominio campestre, pero al verificarlo, se determinó que era una zona rural.
- MetroCali no invalidó la oferta a pesar de estos hallazgos, lo que, según la Contraloría, podría representar una omisión de su deber de vigilancia.
Posible conflicto de intereses de una alta funcionaria de MetroCali
Además de las alertas sobre la documentación, la Contraloría identificó un posible conflicto de interés en la actuación de Sandra Lorena Álvarez Castellón, Secretaria General y Jefe Jurídica de MetroCali.
El informe señala que Álvarez no se declaró impedida en el proceso, a pesar de que su empresa, COLPROJECT INGENIERÍA S.A.S., habría tenido relaciones comerciales con PROING S.A., una de las compañías adjudicatarias.
La Personería de Cali solicitó la suspensión del contrato mientras se resolvía una solicitud de revocatoria presentada por el Consorcio Metro Cali Tramo 3, que cuestionó la documentación de algunos proponentes y la evaluación de MetroCali.
Fiscalía y Procuraduría investigan los hallazgos
Ante las pruebas recopiladas, la Contraloría remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación, que determinará si existen elementos suficientes para una investigación por fraude procesal o falsedad en documento público.
Por su parte, la Procuraduría Provincial de Cali analizará la posible responsabilidad disciplinaria de los funcionarios de MetroCali que intervinieron en la adjudicación del contrato.
Mientras tanto, la Alcaldía de Cali deberá evaluar si el contrato debe ser anulado en caso de confirmarse las irregularidades en el proceso de adjudicación.
El contrato, que debía representar un avance clave en la movilidad de Cali, se ha convertido en un caso que ya está bajo la lupa de las autoridades.
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Si se comprueban las irregularidades, el contrato sería anulado y los responsables podrían enfrentar sanciones o procesos judiciales.
