El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que, en el último trimestre de 2024, trece de cada mil menores de 5 a 17 años ejercieron algún tipo de labor en Cali. Son 6.276 niñas, niños y adolescentes, una cifra casi igual a la de 2023, cuando la tasa fue de 1,4 % (6.296 casos). A escala nacional, el indicador se ubicó en 2,9 %, mientras que entre las cinco principales áreas metropolitanas la capital vallecaucana solo fue superada por Medellín, con 1,5 %.
El Dane sí reportó un leve avance en la reducción del trabajo doméstico o de cuidado sin pago: de 37.056 menores entre octubre y diciembre de 2023 se pasó a 34.588 en el mismo periodo de 2024. No obstante, entidades de control sostienen que la línea sigue siendo crítica.
Galería Santa Helena con mayor presencia de trabajo infantil
La Personería de Cali, que entre 2024 y lo corrido de 2025 ha participado en 32 operativos de restablecimiento de derechos, señaló que los puntos con mayor presencia infantil laboral son hoteles, la galería Santa Elena y los semáforos de vías principales. Carlos Rojas, funcionario de la entidad, relató un caso reciente: “Una tía aprovechó las vacaciones de su sobrino para sumarlo a la venta ambulante cerca del Coliseo El Pueblo”.
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En lo que va de 2025, la Personería ha apoyado seis redadas coordinadas con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaría de Bienestar Social y la Policía Metropolitana; allí se identificaron menores vendiendo bebidas, dulces y limpiando vidrios.
Factores de riesgo y barreras
Organizaciones civiles señalan que la persistencia del problema se relaciona con la informalidad laboral de los padres, la deserción escolar y la percepción de que el trabajo infantil contribuye a la economía familiar. Laura Gómez, vocera de la Fundación Niños Sin Trabajo, le indicó al periódico El País que: “La pandemia y la inflación posterior empujaron a más familias a esta práctica; la intervención estatal aún es fragmentada”.
La Alcaldía anunció que en mayo presentará una ruta unificada para detectar y retirar a menores de tareas riesgosas, además de reforzar la matrícula escolar y los subsidios de permanencia. El ICBF, por su parte, evalúa ampliar los cupos en programas de jornada extendida para evitar que niñas y niños queden expuestos a la explotación en la calle. Mientras tanto, expertos coinciden en que la reducción sostenida del trabajo infantil depende de atacar las raíces económicas y sociales que lo alimentan.
