Yinson Andrés Angulo era un joven cristiano e hincha del América. Trabajaba en Emcali, era cercano a su abuelo y se encargaba del hogar después de que su padre lo abandonó. Así lo describe su madre, Gloria Estela Rodríguez. El 1 de mayo en el 2021, a sus 23 años, fue asesinado en el paro. Exactamente, en el Paso del Comercio, al norte de Cali. Yinson tendrá 23 años eternamente.
La vida de Gloria cambió drásticamente tras perder a su hijo. Su abuelo quería tanto a Yinson, que un mes después de la partida de su nieto, la pena moral acabó con él. “Él me decía: ‘mija es que yo ya viví, pero su muchacho no, no me lo dejaron vivir. Lo correcto es que los hijos entierren a los padres, no al revés. En mí que se cumpla, que ustedes me entierren’”, le dijo su padre a Gloria unos días antes de morir.
Lo que más le duele a Gloria es que su hijo prestó servicio militar, y una persona al servicio del Estado que debía protegerlo, lo asesinó. “Todos los días yo no hago sino pensar en qué sería de la vida de mi hijo en este momento. Lo buen ser humano que era, que no me lo dejaron vivir, ser padre, terminar una carrera universitaria”, dice Gloria.
Motivada por la historia de su hijo y la de otras madres, quienes también perdieron a los suyos en el paro del 2021, Gloria viajó desde Cali hasta Bogotá con otras víctimas. El propósito de su visita es que Colombia escuche sus historias, pero sobre todo, que el presidente Gustavo Petro cumpla con la promesa de crear una Comisión de la Verdad para esclarecer los casos de los jóvenes asesinados en las protestas. La muerte de Yinson, como las de muchos otros, siguen en la impunidad.
Un bus en la capital
En medio de una tenue llovizna y un cielo que no termina de ser gris por completo, un bus avanza sobre la Avenida El Dorado, en Bogotá. Retenidos entre los trancones y manifestaciones, que son habituales en esta ciudad, los pasajeros esperan con anhelo llegar pronto a su destino: el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
En los asientos del bus, además de Gloria, están Leidy Chica Solano, hermana de Luis Eduardo Solano, asesinado en La Luna el 28 de mayo de 2021 en Cali y Fabián Quintero y Consuelo Munera, padres de Sebastián Quintero Munera, quien fue víctima del Esmad en Popayán. También está María Elena Meneses, madre de Cristian Hurtado Meneses, a quien le arrebataron la vida el 9 de septiembre de 2020, en Bogotá. Y David Medina, el tío de Dilan Cruz, un joven de 18 años asesinado en los primeros días de las protestas de 2019.
Al dar un paso en el Centro Memoria, se convirtieron en los voceros de las víctimas que murieron en manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque, entre 2019 y 2021. Muchas de ellas asesinadas presuntamente por la Fuerza Pública.
Cada uno de ellos venía de un rincón diferente del país. Sus caminos los llevaron esa semana a Bogotá, porque compartían un sentimiento indescriptible que los hacía levantarse cada mañana para buscar justicia por quienes ya no podían ver a los ojos al despertar.
Al llegar al sitio, los cinco voceros se sientan en una mesa larga. A su alrededor organizan pancartas, imágenes y trapos con las fotos de sus hijos, hermanos, nietos o familiares. En el centro de la mesa se puede leer una lista de 87 jóvenes asesinados en el marco del estallido social en 2021.
Al lado izquierdo, en una tela de la fundación ‘Rosa Negra’, reposan los retratos de Bernardo Pineda, Gilberto Rincón, Alirio Abril y otros cinco jóvenes que perdieron su vida tras sufrir quemaduras en su cuerpo en el incendio del CAI de San Mateo durante las protestas de septiembre de 2020 en Soacha, Cundinamarca.
Al lado derecho, un gran cartel de la Fundación Memoria Viva Colombia, con los rostros de 30 personas asesinadas durante el estallido social del 2021 en todo el país. Entre las víctimas se pueden leer los nombres de Lucas Villa, quién recibió disparos a manos de civiles después de una manifestación en Pereira el 5 de mayo de 2021; Nelson Sánchez, asesinado el 3 de mayo en Siloé, Cali y Miguel Ángel Pinto y Dadimir Daza, asesinados el 29 de abril en Siloé y Yumbo, respectivamente.
La carta
Sobre las 11:30 de la mañana iniciaron la rueda de prensa. El público, que no pasaba de 20 personas, estaba conformado por representantes de ONGs, activistas y periodistas. En un par de sillas de plástico estaban sentados periodistas de medios alternativos. Otros se distribuyeron en el pasto mojado o en algunas baldosas cerca al evento para poder cubrirlo. Al evento no llegó ningún medio grande de comunicación. Ni siquiera los institucionales.
En su rueda de prensa, las víctimas expusieron su propósito principal de la visita capitalina: buscaban entregar una carta al presidente Petro, en la que le exigían respuestas a las promesas que les hizo como víctimas del estallido. Entre esas, crear una Comisión de la Verdad para esclarecer los casos de los jóvenes asesinados presuntamente en manos del Estado.
“El 10 de mayo de 2024, en el Coliseo El Pueblo de Cali, usted ordenó al Ministerio del Interior que creara una Comisión de la Verdad para esclarecer los casos de represión estatal que se presentaron en el gobierno de Iván Duque contra el Paro Nacional. Han transcurrido 12 meses y no se conoce un borrador de dicho decreto, y el MinInterior sigue siendo evasivo, con una clara intención de eludir el compromiso”, se lee en la carta.
Los voceros también compartieron una serie de recomendaciones al momento para crear la Comisión. Entre ellas estaba utilizar los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Tribunal de Siloé, una iniciativa ciudadana que busca justicia para los caídos en ese sector de Cali. Además, pidieron protección al archivo documental de las víctimas y organizaciones de derechos humanos que revelan la represión del estallido social.
Exigieron que la sede de la Comisión se haga en Cali y tenga autonomía presupuestal. Entre las funciones estaría: contextualizar las lógicas de opresión y resistencia en el estallido social; indicar las diferentes formas de represión ejercidas por el Estado; dar cuenta de la responsabilidad de los funcionarios públicos, medios de comunicación y la sociedad en la estigmatización de la protesta y apoyar a las organizaciones de víctimas.
La carta cierra con un mensaje contundente al presidente. “Recuerde que la inconformidad de dichos jóvenes fue, como usted lo reconoce de forma reiterada, lo que posibilitó que Colombia tuviera un presidente de su talante”.
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Las voces del cambio
Aunque las víctimas llevan un año esperando que llegue la promesa de Petro, en realidad llevan cuatro años esperando que la justicia las mire a los ojos. Después del paro de 2021 no solo cambió el país, sino las vidas de 169 familias que perdieron a sus padres, hermanos, hijos, nietos. Los perdieron solo por querer un cambio, que hoy en día con este gobierno parece que tampoco llega.
“Nos sentimos olvidados, por eso vine hasta acá para que se haga la Comisión de la Verdad y esto siga adelante”, comenta Maricela Cano, quien perdió a su nieto Johan Vargas durante la toma del Esmad a Yumbo el 17 de mayo de 2021.
David Medina, tío de Dilan Cruz, también se siente decepcionado del abandono del gobierno Petro hacia los 42 presos políticos del estallido. “Este gobierno por el cual yo voté, y me duele decir esto, pero hay que decirlo, en ese sentido, nos ha fallado. El 16 de diciembre en 2022, el compañero Gustavo Petro dijo que nuestros presos iban a quedar en libertad antes del 31 de diciembre, al día de hoy siguen presos”, agregó Medina.
La impunidad también fue un tema crucial en sus declaraciones. Para Fabián Quintero, además de la verdad, debe existir una justicia restaurativa para las víctimas. “No se puede pretender decirles a las familias de las víctimas: ‘no encontramos al culpable, pero no se preocupe que lo vamos a indemnizar’”, afirmó.
Y más allá de la judicialización para los perpetradores, esperan que estos hechos no vuelvan a repetirse. “Yo no gano con que el asesino de mi sobrino vaya preso, si el día de mañana siguen matando jóvenes”, aseveró Medina.
La promesa de una Comisión de la Verdad los ha unido para contar una versión de la historia que desde su posición los medios oficiales no han querido compartir.
“Mi hermano no era un vándalo, era un trabajador. Salió a marchar por su hija y yo sigo siendo su voz. Las primeras líneas no eran vándalos. Eran jóvenes que salieron a marchar por un mejor mañana, eran estudiantes, trabajadores, amas de casa, padres, hermanos. Muchos medios de comunicación salieron a decir lo que no era, entonces lo que queremos es que la gente sepa lo que de verdad se vivió en el estallido social”, manifestó Leidy Chica Solano.
Su petición hacia los medios presente fue clara, quería que contaran esa otra verdad, que defenderán hasta sus últimos días, tal como menciona Gloria. “Mientras Dios me preste la vida, estaré aquí trabajando esa memoria, pasando la voz, y no me cansaré”, implora.
La entrega
Su travesía no comenzó ni terminó en el Centro de Memoria. Días antes estuvieron en lugares como la Universidad Pedagógica compartiendo la memoria de sus familiares. También asistieron a reuniones con congresistas y organizaciones sociales, e hicieron recorridos en el centro de Bogotá para representar los diferentes lugares donde las víctimas del Estado han perdido la vida.
El punto más significativo de su viaje ocurrió 24 horas después de la rueda de prensa. Ese viernes 25 de abril, el mismo grupo de familiares llegó a la Plaza de Bolívar a entregarle la carta a Petro. Sus carteles con las fotos de sus hijos, hermanos o nietos estaban por los alrededores de la plazoleta. Una figura del libertador con casco, escudo y pañoleta, como si hiciera parte de la primera línea, los precedía. Así avanzaron con una banda de tambores que anunciaba su llegada al palacio de Nariño. En medio de su caminata se cruzaron con una protesta que se dirigía también al Palacio, por causas distintas, pero con el mismo objetivo: ser reconocidos.
Las madres se perdieron entre la multitud. Minutos más tarde le entregaron la carta a Luz María Múnera, consejera para las Regiones. En sus manos quedó la misiva y es su responsabilidad entregársela al presidente.
La carta no solo simboliza una serie de exigencias. Es la esperanza de obtener respuestas, y que sus hijos no sean simplemente un muerto más que se perdió hace cuatro años en una multitud de historias sin lector. Esperan que como la figura del libertador, los nombres de sus hijos no se conviertan en simples números para el Estado, y se pueda contar la historia de quienes perdieron su vida para no repetir la historia, para guardar la memoria. Y sobre todo, para que sus casos no queden en la impunidad.
