Hace cuatro años, el movimiento social acompañó e impulsó el paro nacional en Colombia, y en Cali, epicentro del estallido. Tras la ola de protestas, que mostró el descontento y la desigualdad social, este nicho fue el que también catapultó la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez, quienes alzaron las banderas del movimiento social y los jóvenes. Así, el gobierno Petro se convirtió en el primer mandato de izquierda de este siglo.
Hoy, en la recta final del gobierno y en pleno año político por el 2026, el movimiento social de la ciudad otra vez se está organizando para mantener a un gobierno de izquierda. Pero también para poner a sus candidatos y seguir con la apuesta de tener representación política desde el Congreso y el gobierno. Lo hace en medio de fisuras y de tensiones producidas por las elecciones regionales del 2023, en donde encontró pocas garantías en el Pacto Histórico para postular a sus nombres.
Además de esas tensiones, el movimiento social —conformado en su mayoría por jóvenes— también denuncia desde Cali algunos incumplimientos del gobierno. Critican, en su mayoría, la implementación de Jóvenes en Paz, que hasta ahora presenta una baja ejecución. Sin embargo, en medio de las problemáticas, los movimientos sociales apuestan a seguir con “el gobierno del cambio”, limar las asperezas y que la historia del 2023 no se repita.
Los líos del movimiento social en Cali con el Pacto en 2023
En 2023, dos años después del paro nacional, los movimientos sociales se organizaron para alzar su voz desde espacios políticos. Nacieron la Unión de Resistencia Cali (URC) y otros colectivos como Atrévete y Juntanza Popular. Quisieron pasar de la protesta a la propuesta y poner o apoyar a candidatos propios en las elecciones locales.
En las elecciones al Congreso del 2022, tal solo meses después de acabarse el estallido, los movimientos sociales pusieron en la Cámara al fallecido Luis Alberto Tejada, conocido como el “cucho del Canal 2”, quien se hizo famoso por cubrir el estallido con su micrófono. Y llegaron caras como Alfredo Mondragón y Alejandro Ocampo, quienes apoyaron políticamente al paro. Ese panorama, sumado al estar en la capital de la resistencia, parecía pintar un futuro favorable para los movimientos sociales en Cali en las regionales del 2023 por dentro del Pacto. Pero no fue así.
Las caras más representativas del paro fueron Andrés Peña y Juana Peláez, liderazgos juveniles activos del estallido y Laura Guerrero, madre de Nicolás Guerrero, uno de los jóvenes asesinados por la Fuerza Pública. Ninguno de los tres estuvo avalado por el Pacto. Los dos primeros fueron avalados por el Partido Verde —Peláez fue candidata del senador Ariel Ávila— y Laura fue avalada por Independientes, el partido del exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero.
A la lista cerrada del Pacto entraron Ángela García, del PTC, y Natali González, quienes fueron activas en el paro. Sin embargo, sus puestos en la lista no alcanzaron para una curul. A la Alcaldía, el Pacto eligió a Danis Rentería, exmilitar y exsecretario de Paz de Cali. Pero su candidatura no dejó feliz a todo el movimiento social, ni al petrismo, por su pasado en el partido cristiano Colombia Justas Libres. En el Valle, mantuvo una rivalidad con Alexander López, exdirector del DNP.
“El Pacto no nos dio un lugar para tener candidatos”, dice una fuente del movimiento social que pidió su reserva. Por problemáticas con la entrega de avales, la falta de cohesión y las manos poderosas de la izquierda que pusieron a los suyos, los movimientos no lograron mayor visibilidad desde la coalición del gobierno Petro. La tensión más grande se vivió en la lista al Concejo de Cali, que sacó 83 mil votos y puso tres curules.
El acuerdo para la lista cerrada del Pacto en Cali era: primer y tercer lugar, Polo Democrático; y el segundo lugar, para la Colombia Humana. Este último partido hizo una consulta interna para elegir a sus candidatos. El ganador fue Luis Fernando Salazar, quien tenía el guiño de algunos movimientos sociales. Pero una vez publicada la lista, ya revisada desde Bogotá, su nombre no apareció en el segundo lugar. Fue el de Jennifer Carvajal, de Univalle Unida, el movimiento estudiantil de esa universidad.
“Desde Bogotá se movieron lapiceros para modificar las listas”, dice Geovanny Jurado, quien participó de la Resistencia en Alfonso López, en un punto conocido como la “Carrilera”. Dos fuentes le confirmaron a CW+ que Carvajal fue la candidata de Gustavo Bolívar, entonces senador y ahora director de Prosperidad Social. Como Bolívar, en el Valle se mueven grandes figuras poderosas de la izquierda, como Álex López; y el senador Wilson Arias.
Aunque Carvajal venía del movimiento estudiantil, su nombre en la lista causó fricciones en el movimiento social y el Pacto. En ese entonces, Salazar demandó esa lista, el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó a Carvajal, pero la Registraduría no le dio el puesto a Salazar. Finalmente, tras un año largo, el tribunal del Valle le dio razón y ordenó su reintegro, tras la demanda de Salazar a la curul de Sergio Zamora, quien estaba de cuarto, pero entró al Concejo.
Desde la oposición, ven que hubo cierta “instrumentalización” de los movimientos sociales y los jóvenes en la campaña electoral para captar votos. “Muchos de esos movimientos fueron utilizados como plataformas de apoyo. Al momento de tomar decisiones políticas, fueron descartados. El discurso de apertura y participación terminó siendo una fachada”, dice Felipe Murgueitio, concejal de Cali por el Centro Democrático.
Por otro lado, también se percibe cierta desconexión generalizada del gobierno con los movimientos sociales y los jóvenes en territorio. “Hay una desconexión entre el gobierno y todas las personas que lo apoyaron, así como con los proyectos de base en los territorios”, dice Alejandra Cifuentes, excandidata al Concejo del uribismo y próxima candidata a la Cámara por el Valle.
Sin embargo, según explica Juan Pablo Milanese, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Icesi, la lectura política del 2023 no solo puede leerse en términos de centralización, sino que hay que sumarle otros aspectos más complejos. Aseguró que al no haber acuerdo y haberse postulado varias caras que se movilizaron en el 2021, incluso por fuera del Pacto, se “fragmentó el voto” para los movimientos sociales.
El amor y la crítica del movimiento social en Cali con el gobierno Petro
Los manifestantes del paro nacional del 2021, en su mayoría fueron jóvenes. Bajo el contexto de la pandemia, varios de ellos estaban desempleados y sentían una desazón general con el gobierno de Iván Duque. De estos jóvenes, algunos ya hacían parte de los movimientos sociales. Otros, se integraron después de finalizadas las protestas en colectivos que nacieron como producto del estallido.
La campaña de Petro enarboló a minorías como poblaciones vulnerables y mujeres, bajo promesas de cambio. Así, se ganó a las juventudes, quienes representaron el 23% del censo electoral en 2022 y fueron claves para poner presidente. Además, la figura de la vicepresidenta Francia Márquez logró concentrar los votos de mujeres jóvenes, quienes vieron un reflejo simbólico en ella.
Casi a tres años de este mandato, los jóvenes y algunos movimientos sociales en Cali sienten un malestar generalizado. No solo por los problemas en las listas electorales del 2023, sino porque perciben que sus expectativas no han sido del todo cumplidas, como la representación política en el poder y los alcances de algunas promesas que se quedaron en papel.
Uno de los programas más cuestionados es ‘Jóvenes en Paz’, los subsidios del Ministerio de Igualdad que esperan llegar a 100 mil jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Hasta ahora, solo lleva 12 mil beneficiarios. Y tiene problemas en su implementación. Como reportó CW+, por atrasos en pagos, comedores comunitarios que alimentaban a beneficiarios suspendieron su operación.
Además, Cali fue la segunda con más desempleo juvenil en el último trimestre del 2024, con el 16,9%. Así lo demuestran cifras de Cali Cómo Vamos. Por otro lado, aunque Petro logró sancionar la ley de matrícula cero, uno de sus grandes logros para las juventudes, aún hay vacíos en la educación. Entre las mayores críticas está en la eliminación de los subsidios a la tasa de interés para los beneficiarios de créditos estudiantiles en el Icetex.
Y particularmente hay una desazón por el lado de las víctimas del estallido. El pasado 26 de abril, familiares de jóvenes asesinados le entregaron una carta al presidente desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá. En la misiva, exigen darle celeridad a crear una comisión de verdad para las víctimas y esclarecer varios casos que, según denuncian, siguen en la impunidad. Crear esa comisión fue una promesa de Petro que, hasta ahora, no llega.
Lea acá la crónica sobre ese acto simbólico: A cuatro años, promesa de una Comisión de Verdad une a víctimas del estallido.
Pero en medio de los incumplimientos, los movimientos sociales siguen empatizando ideológicamente con el gobierno Petro. Y defienden la continuidad del proyecto político progresista, con el cual se sienten representados. Tienen esperanza de poder seguir escalando en los logros en materia de juventudes, así como en otras banderas clave para los movimientos sociales.
“Este gobierno permitió una posibilidad de interlocución más incluyente y más amplia. Es mucho más fácil tener un gobierno con el que se pueda dialogar sin tener el fusil en la cara”, dice Santiago Bedoya, de Juntanza Popular. “La derecha dice que Petro nos instrumentaliza y puede que sí. Pero ellos nos criminalizan y nos llaman ‘guerrilleros’ o ‘vándalos’”, agrega.
En una respuesta conjunta, los 28 puntos de resistencia, junto a otras 30 organizaciones sociales, le confirmaron a CW+ que hay algunas inconformidades, pero que se han “logrado establecer diálogos, encuentros y espacios de participación con diferentes Ministerios, los cuales han respondido positivamente a sus llamados y han atendido sus inquietudes”. Por eso, siguen de la mano de ese proyecto político.
La catarsis política para el 2026
En medio de las diferencias y la zozobra, el movimiento social en Cali tiene esperanzas para lograr candidaturas fuertes en el 2026. Voceros de la Unión de Resistencias de Cali (URC) confirmaron a CW+ que buscarán un espacio en el Pacto Histórico. Por los problemas de unidad que la coalición tuvo para el 2023, y bajo la directriz de Petro sobre “cuidar el 2026”, es que ahora el Pacto está en camino para convertirse un partido único.
Además de pensar en el Pacto, también surgen las posibilidades de aliarse con el llamado ‘Frente Amplio’, que reúne a diversos sectores políticos y del progresismo. Salen nombres como el de Daniel Quintero y el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quienes piensan en candidaturas presidenciales.
Por otro lado, algunos creen que los movimientos sociales y los jóvenes están más preparados. “Creo que hoy más que nunca esos sectores están fortalecidos, están más llenos de conocimiento, de más experiencia y están más fuertes. Los errores del pasado no los cometerían hoy”, dice Danis Rentería, ahora director de contratación en Presidencia.
Esa visión, incluso, la comparte la oposición. “Ellos ahora son gobierno y tienen poder. También cuentan con recursos del Estado. Cerca de la campaña ya los van a empezar a llamar para que los movimientos ejecuten proyectos y ese es el momento para que se organicen”, dice Cifuentes, del uribismo.
La URC confirmó que Heidelberk Granobles será su candidato para la Cámara por el Valle en 2026. Granobles participó activamente en el paro, fue presidente de la Asociación de Artesanos de Puerto Resistencia e hizo parte de la UTL del fallecido representante Tejada. También buscan postular a Katherine Girón, de la Colombia Humana, quien ha sido precursora de varias iniciativas sociales después del paro.
Aunque hay consenso en ambas candidaturas, también hay molestias por otros nombres que están en la baraja de candidaturas. Entre ellos están Gabriela Posso, exconsejera presidencial de Juventudes e Isabel Vera, actual coordinadora de la Colombia Humana en el Valle y parte del movimiento estudiantil de la Universidad del Valle. Tres fuentes señalan a Vera de ser la candidata del ministro de Educación, Daniel Rojas. Entre otros nombres de discordia están Paola D’Haro y Jimmy Dranguet, exsecretario de Seguridad de Jorge Iván Ospina.
Consideran que no los representan y que solo están por “intereses políticos” y que, además, “desdibujan” el cambio que defienden. “Rechazamos que se pretenda tomar decisiones unilaterales sin una consulta previa dentro del Pacto. Es fundamental medir las fuerzas y representatividad de los líderes antes de definir candidaturas, especialmente cuando se trata de representar a la resistencia”, dice la UCR.
Pero los movimientos sociales en Cali son diversos. Desde Juntanza Popular, ven los procesos políticos con más independencia. “Hay unas agendas que se alinean a un proyecto político progresista. Pero creemos que esas exigencias no están ligadas a un partido político”, dice Santiago Bedoya, parte del colectivo. Incluso, según le confirmó a CW+, junto a otros movimientos aún no están enterados del panorama electoral que se cocina al interior de los colectivos.
En medio de toda esa diversidad, todos están de acuerdo en que esta vez la movida política sea diferente a la del 2023. Con el guiño de la Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Polo Democrático y Progresistas —la escisión del Mais—, el Pacto será un partido único. Y con esa posibilidad, creen que la elección de candidatos podría ser más fácil.
“Debe garantizarse que los diferentes sectores sociales puedan participar. La forma democrática de garantizarlo es a través de una consulta antes de la conformación de la lista. Ya probamos y nos dimos cuenta de que con acuerdos políticos entre fuerzas no fue posible lograr consenso”, dice Sergio Zamora, exconcejal de Cali por el Pacto Histórico.
Además, las repercusiones políticas para la izquierda desde estos nichos, a pesar de todo el panorama, siguen siendo positivas. Según el profesor Milanese, la única diferencia es que el compromiso político de los movimientos sociales “no sea tan grande” como lo fue en 2022. Pero en términos de organización y campaña, la izquierda aún tiene un gran respaldo por parte de estos sectores.
Por ahora, al Pacto y a los movimientos sociales les resta organización para definir su futuro político. Las pugnas internas seguirán agrietando más la relación y aun el camino electoral para el 2026 se está construyendo. Cuatro años después del estallido, pero con una lucha histórica en el país, los movimientos sociales en Cali seguirán alzando la voz para que ni la memoria, ni las causas que defienden, se silencien.
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