Por estos días, Cali no solo es noticia por su apuesta por el empleo o la transformación urbana. Esta semana se convirtió en la caja de resonancia de un problema que atraviesa a todas las grandes ciudades del país: el fracaso del sistema penitenciario colombiano y la creciente presión que enfrentan las alcaldías para asumir competencias que antes eran estatales. Todo esto, en medio de una crisis de seguridad que se expande cada vez más.
Durante el Segundo Encuentro de Secretarías de Gobierno, Seguridad e Interior de Ciudades Capitales, convocado por Asocapitales en la capital vallecaucana, alcaldes y secretarios se plantaron con firmeza ante el Gobierno Nacional. Su mensaje fue directo: las ciudades no tienen cómo seguir resolviendo solas los problemas estructurales del país, y mucho menos asumir el costo de alimentar a las personas privadas de la libertad.
“Estamos al límite”, fue una de las frases más repetidas. No solo por el colapso de las cárceles y estaciones de policía que hoy funcionan como improvisados centros de reclusión, sino por la incapacidad logística, técnica y presupuestal para seguir asumiendo funciones que, originalmente, le corresponden a la Nación.
Alimentar a los presos: una carga que las ciudades no pueden seguir cargando
Uno de los puntos más críticos del encuentro fue la exigencia que, desde hace meses, se viene haciendo a las alcaldías para que costeen la alimentación de los internos en centros de detención transitoria. “No es que no queramos, es que no podemos”, fue la respuesta que varios mandatarios locales repitieron al unísono.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, fue enfático: “Muchos municipios no tienen la capacidad para cumplir con esa responsabilidad. Hay que hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional para que esto no se implemente aún”.
Y es que más allá de la voluntad política, las cifras no cuadran. Las ciudades enfrentan múltiples emergencias simultáneas: desplazamiento forzado, atención a migrantes, déficit en servicios sociales y ahora, el riesgo de que sus estaciones de policía se conviertan en cárceles sin condiciones mínimas. Para Asocapitales, se trata de una situación insostenible, potenciada por la falta de infraestructura, hacinamiento extremo y una preocupante desarticulación entre niveles de gobierno.
Pero la discusión no se limitó a las cárceles. En Cali también se habló de otro fenómeno que preocupa profundamente a los gobiernos locales: el traslado silencioso de la violencia rural a las zonas urbanas.
Según Alejandro Eder, la crisis de orden público en el campo está teniendo efectos devastadores en las ciudades. “Mientras los grupos armados ganan terreno en las zonas rurales, los municipios enfrentamos el aumento de homicidios, extorsiones y presencia de estructuras ilegales”, advirtió.
Desde Asocapitales, la petición fue clara: se necesita una ofensiva real contra los grupos ilegales al servicio del narcotráfico y más inversión en seguridad rural, para que los municipios no terminen pagando los platos rotos de una estrategia nacional insuficiente.
¿Y el respaldo a las alcaldías? Aún se espera
Frente a este panorama, las ciudades piden algo básico: más recursos, más coordinación y un modelo de corresponsabilidad claro. Eder fue uno de los primeros en plantear que, sin un aumento significativo del apoyo del Gobierno Nacional, las alcaldías seguirán improvisando soluciones a problemas estructurales, mientras el crimen avanza.
“Por eso, hace ya varias semanas nos estamos coordinando con varias secretarías de seguridad de otras capitales”, insistió el mandatario.
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El encuentro concluyó con una sensación compartida entre los asistentes: el país necesita redefinir con urgencia cómo se gestiona la seguridad y la justicia, antes de que el colapso sea total. Porque en las cárceles ya no cabe un detenido más, en los presupuestos no cabe un gasto más y en los barrios, el miedo ya se instaló.
