Ya está en marcha en Cali un nuevo esquema que obliga a pagar a quienes utilicen el espacio público con fines económicos.
La medida aplica a comerciantes, organizadores de eventos, productoras audiovisuales y empresas que aprovechen calles, parques o aceras para actividades promocionales o comerciales. La Alcaldía puso en marcha este modelo con el fin de generar recursos para mantener, recuperar y ampliar estas zonas de uso colectivo, sin depender únicamente del presupuesto del Distrito.
El instrumento legal, llamado Aprovechamiento Económico del Espacio Público (AEEP), establece tarifas que se calculan según el tiempo de ocupación, el área utilizada y el tipo de actividad. El pago será obligatorio para quienes se beneficien económicamente de espacios que pertenecen a todos. Los recursos recaudados serán destinados exclusivamente al mejoramiento y conservación del entorno urbano, como parte de una estrategia liderada por el alcalde Alejandro Eder.
¿Quiénes tendrán que pagar?
La regulación cubre 12 tipos de actividades. Entre ellas, las carreras deportivas que se realicen en vía pública y que generen ingresos por inscripciones o patrocinios. También ferias, conciertos, eventos promocionales o cualquier ocupación temporal que bloquee calles, plazas o parques. Los negocios que extiendan mesas, sillas o vitrinas sobre el andén, así como los food trucks, deberán obtener permiso y realizar el pago correspondiente.
El cobro también se aplicará a quienes operen kioscos móviles, alquilen bicicletas o patinetas, ofrezcan servicio de valet parking o conecten edificaciones privadas mediante enlaces peatonales. Las filmaciones de contenido audiovisual, como comerciales, películas o videoclips grabados en vía pública, también tendrán que pagar. Además, quienes instalen antenas, redes de servicios públicos o realicen construcciones temporales con campamentos de obra estarán sujetos a esta norma.
Todas estas actividades deben ajustarse a lo estipulado en las guías publicadas por el Departamento Administrativo de Planeación. Allí se explican los requisitos técnicos y las tarifas, respaldadas por los decretos 0955 de 2022, 0917 de 2023 y 1225 de 2024. La Alcaldía insiste en que no se trata de frenar la economía, sino de ordenar el uso del espacio público y garantizar que quienes se beneficien también aporten a su sostenibilidad.
Una apuesta por la equidad en el uso del espacio
Con esta decisión, la administración distrital busca generar conciencia sobre el valor del espacio compartido. El uso gratuito por parte de algunos, mientras otros solo lo transitan o lo cuidan, ha generado desequilibrios y deterioro. Ahora, el objetivo es claro: quienes conviertan estos espacios en oportunidades de negocio deberán contribuir a su cuidado. De este modo, la ciudad podrá invertir en la recuperación de zonas comunes y ofrecer a los caleños espacios más limpios, seguros y adecuados para el disfrute colectivo.
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Este modelo representa un cambio importante en la relación entre lo público y lo privado. Y aunque implica nuevos compromisos para muchas actividades económicas, también abre la puerta a una gestión urbana más equitativa y responsable.
