El caso del secuestro de Lyan Hortúa, el niño liberado recientemente tras varios días de cautiverio, ha dado un giro inesperado en su familia. La Policía Metropolitana de Cali reveló este viernes que la familia del menor habría negociado directamente su liberación con las disidencias de las Farc. Esta acción se habría llevado a cabo sin conocimiento ni coordinación con las autoridades.
Según el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía en Cali, la institución asignó un negociador experto para acompañar a la familia ante cualquier contacto con los captores. Sin embargo, afirmó que nunca fueron informados de un pago por el rescate por parte de la familia de Lyan. “La Policía Nacional no tuvo conocimiento del pago de algún monto de dinero. Nosotros asignamos un experto para asesorarlos en un eventual contacto. Pero nunca se nos notificó sobre alguna transacción”, explicó Oviedo.
El rastro del dinero y un crimen que complica el caso
La situación se tornó aún más delicada tras el asesinato de Antonio Cuadros, quien habría sido el encargado de entregar el dinero exigido por los secuestradores. Cuadros fue baleado el jueves 22 de mayo en el centro de Cali, en un crimen que ahora se vincula directamente con la negociación para la liberación del menor. De acuerdo con fuentes policiales, Cuadros tenía antecedentes judiciales y sobrevivió a un intento de homicidio en 2014. Su muerte podría ser un ajuste de cuentas relacionado con el dinero entregado o parte de una operación más amplia ligada al secuestro.
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Las autoridades confirmaron que detrás del secuestro están las disidencias de las Farc. Este grupo armado ilegal ha intensificado sus acciones extorsivas en el suroccidente colombiano. El caso de Lyan no sería un hecho aislado. Por el contrario, respondería a una estrategia de presión y financiamiento ilegal en zonas urbanas. La Policía ha reiterado que las familias afectadas por este tipo de delitos deben actuar bajo coordinación institucional. Negociar por cuenta propia no solo pone en riesgo a los secuestrados, sino también a los intermediarios y a la justicia.
El asesinato de Cuadros y la revelación del pago clandestino han abierto una nueva línea de investigación. La Fiscalía y la Policía analizan los vínculos entre los actores involucrados y rastrean el destino del dinero. Mientras tanto, el caso de Lyan Hortúa deja al descubierto los vacíos de comunicación entre víctimas y autoridades. También evidencia la peligrosidad de tomar decisiones desesperadas frente a un crimen tan delicado como el secuestro.
