El reciente asesinato de Antonio Cuadros, primo del padrastro del niño Lyan José, ha desencadenado una situación crítica para la familia Hortúa Bonilla en Cali. El personero distrital, Gerardo Mendoza, confirmó que los familiares del menor viven actualmente confinados por miedo a sufrir nuevos atentados. “Ellos me llamaron directamente y me dijeron que están encerrados, con temor constante. Se sienten solos, desprotegidos, y no es para menos. Cualquiera en su lugar tendría miedo”, afirmó el funcionario, al expresar su preocupación por el bienestar de estas personas.
La familia, según Mendoza, teme convertirse en blanco de represalias, en un contexto donde ya hay antecedentes de amenazas. El crimen de Cuadros, cometido dentro de un restaurante en el barrio Bretaña, no solo sacudió a la comunidad, sino que evidenció los riesgos que enfrentan quienes estuvieron cerca del caso. La situación ha llevado a la Personería de Cali a exigir medidas inmediatas de seguridad y acompañamiento institucional para quienes están siendo vulnerados, no solo por la violencia, sino por la falta de garantías estatales.
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Antonio Cuadros: víctima y pieza clave en la liberación del niño
Antonio Cuadros no era un desconocido en el entorno de la familia de Lyan José. Según explicó el personero, su rol fue decisivo durante los 18 días que duró el secuestro del menor a manos de una estructura disidente de las Farc, en la zona rural de Jamundí. Cuadros participó activamente en las movilizaciones simbólicas organizadas en Cali para exigir la liberación del niño, convirtiéndose en una figura visible del clamor ciudadano por su regreso. Su compromiso, según versiones, fue más allá de lo público: habría tenido un papel logístico y económico en la negociación que facilitó el fin del cautiverio.
“Se dice que fue él quien entregó el dinero para liberar a Lyan. Esa es una hipótesis que deberá ser comprobada por las autoridades, pero lo cierto es que Antonio estuvo profundamente vinculado al proceso”, detalló Mendoza. El asesinato de Cuadros representa, por tanto, un golpe directo a quienes buscaron resolver el caso por la vía del diálogo y la intervención humanitaria. El personero condenó enfáticamente el crimen y pidió que se investigue con celeridad. Aseguró que actos como este solo fortalecen el temor colectivo y debilitan los canales ciudadanos de resolución pacífica de conflictos.
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La liberación de Lyan y el papel silencioso de las mesas de paz
Más allá de las hipótesis judiciales, la liberación de Lyan José fue el resultado de una articulación entre entidades humanitarias, líderes comunitarios y organismos del Estado. Gerardo Mendoza reconoció el papel de la Defensoría del Pueblo y de las mesas campesinas que contribuyeron a que el menor regresara con su familia.
Finalmente, el personero hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las instituciones para que garanticen la seguridad de los ciudadanos que se vieron expuestos por intervenir en el caso. “Hoy necesitamos que el Estado esté presente no solo en los discursos, sino en los hechos. Las víctimas no pueden quedar desamparadas y los defensores de la vida no pueden pagar con la suya”, concluyó Mendoza
