Durante una audiencia virtual, Henry Alexis Velasco Rodríguez aceptó su responsabilidad como agresor por los delitos de violencia contra un agente de tránsito en Cali y actos de racismo o discriminación en modalidad agravada. Ante el juez de control de garantías, admitió los cargos que le imputó la Fiscalía, sino que también pidió perdón públicamente por su conducta.
El juez valoró su aceptación de cargos y su colaboración con la justicia, y decidió imponerle una medida de aseguramiento en su lugar de residencia. Aunque se trata de una sanción no carcelaria, el juez advirtió que el caso debía sentar un precedente sobre el respeto a los funcionarios públicos y discriminación racial.
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Un ataque verbal de racismo
El hecho ocurrió el pasado 16 de mayo en el barrio San Fernando, al sur de Cali, cuando un agente de tránsito realizaba un procedimiento rutinario. Mientras el funcionario notificaba un comparendo a un conductor, Velasco Rodríguez, quien no tenía relación directa con la infracción, se aproximó y comenzó a agredirlo verbalmente.
Testigos grabaron el ataque y lo difundieron rápidamente en redes sociales, generando rechazo por parte de la ciudadanía. Los insultos no solo fueron despectivos, sino que apelaban directamente al color de piel del agente, lo que constituyó un acto evidente de discriminación. Este comportamiento motivó la intervención inmediata del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
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Respuesta institucional y mensaje de rechazo
Gracias a las pruebas audiovisuales y los testimonios, la Fiscalía solicitó una orden de captura contra Velasco Rodríguez, quien terminó entregándose voluntariamente. La entidad judicial señaló que la investigación se adelantó con prioridad por tratarse de un caso de intolerancia contra un servidor público en ejercicio de sus funciones.
Desde la Secretaría de Movilidad de Cali y otros sectores institucionales, se reiteró el llamado a respetar la labor de los agentes y a rechazar cualquier manifestación de odio. Las autoridades locales recordaron que la violencia verbal o física contra un funcionario del Estado constituye un delito que puede ser judicializado. En este caso, la decisión del juez se interpreta como un mensaje claro: no hay espacio para la discriminación en la convivencia ciudadana.
