Continúa la preocupación por la crisis en el servicio de aseo en Cali. Después de la advertencia de distintos sectores, ahora la Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre un riesgo económico que alcanzaría los $800 mil millones.
El problema principal radica en una disputa jurídica sobre quién es el dueño del catastro de usuarios y las bases de datos comerciales. Según la Contraloría, existe una “incertidumbre jurídica sobre la titularidad de los activos (catastro) de los usuarios”.
Este sistema de información es fundamental para la facturación y está valorado en una cifra millonaria. Mientras la empresa Emsirva asegura que estos datos deben ser devueltos sin costo, los operadores privados sostienen que les pertenecen.
La situación se vuelve más difícil debido a que los contratos con las empresas de aseo vencieron el 28 de enero de 2026. Pese a que el vínculo legal terminó, los operadores actuales continúan prestando el servicio en la ciudad. Sin embargo, lo hacen sin tener un contrato claro que defina sus obligaciones actuales.
Crisis en el servicio de aseo en Cali: Licitación frenada por un juez
Para intentar solucionar el vacío, Emsirva inició un proceso para elegir nuevos operadores de aseo. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordenó suspender este trámite el pasado 11 de mayo. Esta decisión judicial frena los planes de organizar un nuevo esquema antes de que termine el período de liquidación el 28 de mayo.
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La Contraloría también señaló riesgos en el manejo del dinero que los ciudadanos pagan en sus facturas de aseo.
