El líder social y defensor de derechos humanos Andrés López fue detenido el pasado martes 3 de junio en la ciudad de Cali, en medio de circunstancias que han encendido las alarmas de distintas organizaciones sociales, colectivos populares y figuras políticas del país. La aprehensión se produjo cuando López acudía a diligencias en Medicina Legal relacionadas con una denuncia previa por agresión hecho que había sido registrado públicamente y que involucraba a un civil armado en el sector de Ciudad Jardín.
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De acuerdo con la versión difundida por integrantes de la Red Latiendo, colectivo al que pertenece López, durante la diligencia en Medicina Legal se produjo un altercado con un funcionario de la entidad, quien, tras agredir físicamente al líder social, lo denunció por “agresión a servidor público”. Un video grabado por testigos evidenciaría que fue López quien sufrió la agresión, motivo por el cual desde la Red se ha denunciado que podría tratarse de un montaje judicial con fines de represalia.
“Estamos viendo con preocupación cómo las denuncias sociales están siendo respondidas con detenciones arbitrarias y señalamientos infundados”, señalaron desde la Red Latiendo, quienes aseguran que el entorno de Andrés López ha enfrentado hostilidad desde su llegada a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y la estación de policía donde permanece privado de libertad.
Ana Erazo se pronunció ante el caso del líder social
El caso ha generado pronunciamientos públicos, entre ellos el de la concejala de Cali por el Pacto Histórico, Ana Erazo, quien a través de su cuenta en X (antes Twitter) exigió al presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Justicia y a la Defensoría del Pueblo, que se garantice el debido proceso, la integridad física y los derechos humanos del líder. Erazo también expresó su preocupación por la presunta falta de acceso al expediente por parte de la defensa y por las condiciones precarias de reclusión en las que se encuentra López, incluyendo la ausencia de atención básica en salud, aseo y alimentación.
“El sistema judicial no puede convertirse en una herramienta de persecución a quienes defienden la democracia y los derechos de los sectores populares”, expresó Erazo. Por su parte, otras organizaciones defensoras de derechos humanos han comenzado a documentar el caso y han pedido presencia de veedurías independientes ante lo que consideran una señal preocupante de criminalización de la protesta y la labor social.
Para este miércoles 4 de junio está previsto que se defina la posible judicialización de Andrés López. Colectivos sociales convocaron a estar atentos y movilizados ante lo que han calificado como un nuevo intento de silenciar voces críticas en el país. “Este no es un caso aislado; forma parte de una tendencia alarmante de persecución contra quienes alzan la voz en defensa de los más vulnerables”, concluyó un vocero de la Red.
