La Personería Distrital de Cali anunció la apertura de una indagación previa por presuntas irregularidades en la firma del Otrosí No. 13, suscrito entre Metrocali y los concesionarios Blanco y Negro Masivo y Git Masivo, empresas operadoras del sistema de transporte masivo MIO. La investigación se adelanta de manera oficiosa a través de la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial, en el marco de las competencias disciplinarias del ente de control.
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Según la Personería, el documento en cuestión habría modificado sustancialmente las condiciones de los contratos de concesión originalmente pactados, generando beneficios contractuales que podrían representar un posible detrimento al patrimonio del Distrito. La actuación busca establecer si existieron ventajas indebidas para los operadores, así como identificar a los funcionarios públicos que pudieron haber participado en la elaboración, trámite o firma de dicho acuerdo.
Proceso en etapa preliminar mientras hacen investigaciones
La apertura de esta indagación se realiza con base en lo estipulado en el artículo 208 del Código General Disciplinario, y hace parte de las funciones de vigilancia preventiva y disciplinaria de la entidad. Aunque por ahora el proceso se encuentra en etapa preliminar, no se descarta que puedan surgir vinculaciones formales o hallazgos disciplinarios en el transcurso de la investigación.
“La Personería de Cali reitera su compromiso con la transparencia, la defensa del interés general y la lucha contra la corrupción. Este tipo de actuaciones buscan garantizar que los recursos públicos se administren con responsabilidad y que las decisiones contractuales respondan al bien común, no a intereses particulares”, señaló la entidad mediante un comunicado oficial.
Este nuevo capítulo se suma a los cuestionamientos que ha enfrentado Metrocali en los últimos años, por presunta mala gestión y falta de sostenibilidad financiera en la operación del sistema masivo de transporte. La ciudadanía, por su parte, exige que se esclarezcan los hechos y se tomen las acciones necesarias para proteger los recursos públicos y garantizar la eficiencia en la prestación del servicio.
