Luego de que la Personería Distrital de Santiago de Cali anunciara la apertura de una indagación preliminar por presuntas irregularidades en la firma del Otrosí No. 13, Metro Cali emitió un comunicado en el que defiende la legalidad del documento y reitera su compromiso con la transparencia.
El Otrosí en cuestión fue suscrito entre Metro Cali y los concesionarios Blanco y Negro Masivo y Git Masivo, operadores del sistema MIO. Según la Personería, este acuerdo habría modificado de forma sustancial las condiciones de los contratos de concesión, otorgando posibles beneficios contractuales que podrían implicar un detrimento patrimonial para el Distrito.
Metro Cali, por su parte, aseguró que el Otrosí No. 13 fue el resultado de un acuerdo conciliatorio dentro de un proceso arbitral legalmente constituido, en el cual participaron árbitros con rango de magistrados y bajo la revisión del Ministerio Público.
“El acuerdo fue suscrito con el más alto rigor jurídico y técnico posible, en procura de garantizar condiciones que beneficiaran el interés público”, indicó la entidad en su respuesta oficial.
La indagación anunciada por la Personería se adelanta de manera oficiosa, a través de la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial. Se encuentra en etapa preliminar, conforme a lo dispuesto en el artículo 208 del Código General Disciplinario.
El objetivo de la actuación es determinar si hubo ventajas indebidas a favor de los concesionarios y establecer responsabilidades de funcionarios que pudieron haber participado en la elaboración, trámite o firma del acuerdo.
Mientras avanzan las investigaciones, Metro Cali reiteró su disposición a colaborar con los entes de control y atender cualquier requerimiento. “Estamos plenamente dispuestos a aclarar cualquier inquietud que formulen las autoridades”, sostuvo la entidad, al tiempo que reafirmó su compromiso con la legalidad y la función pública.
Este episodio se suma a los cuestionamientos que han rodeado la gestión de Metro Cali en los últimos años, marcados por denuncias de mala administración y problemas financieros del sistema de transporte masivo.
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La Personería, en su comunicado, reafirmó su compromiso con la vigilancia de los recursos públicos, la transparencia y la lucha contra la corrupción. La ciudadanía, por su parte, continúa exigiendo claridad y acciones que garanticen una operación eficiente del MIO.