Desde la 1:00 p.m. del domingo 29 de junio, colectivos, organizaciones sociales y cientos de personas comenzaron a concentrarse en la Plazoleta Jairo Varela para dar inicio a una nueva versión de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Cali. Bajo el lema “Tomémonos la calle, que el miedo no nos calle”, el evento arrancó oficialmente a las 3:30 p.m., cuando una multitud multicolor emprendió su recorrido de cinco kilómetros por la calle quinta hasta las Canchas Panamericanas.
La movilización estuvo acompañada de seis carrozas temáticas, chivas fiesteras, motocicletas, automóviles particulares decorados con banderas del arcoíris. Conforme avanzaba la tarde, más ciudadanos se sumaban al paso de la marcha, formando una marea humana que tiñó de colores las vías del sur de Cali. Los asistentes celebraban la diversidad y alzaban sus voces en contra de la violencia, el odio y la discriminación que enfrentan las personas LGBTIQ+.
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Más que fiesta: exigencias y denuncias en cada paso
A lo largo del recorrido de la Marcha del Orgullo en Cali, las carrozas llevaban mensajes políticos y sociales. Uno de los ejes centrales fue la exigencia de aprobación de la Ley Integral Trans, una iniciativa que busca garantizar condiciones dignas para personas trans y no binarias en Colombia. También se promovió la Ley Quiéreme, que busca erradicar las llamadas “terapias de conversión”, prácticas aún presentes en algunos grupos religiosos.
Pero el mensaje más fuerte fue contra la violencia sistemática. Según cifras de los organizadores, al menos 47 personas de la comunidad LGBTIQ+ han sido asesinadas en lo que va del 2025. Hass Montaner, vocero de la Juntanza para la Organización de la Marcha, fue enfático: “Nos están matando por ser quienes somos. Esta marcha es por el derecho a existir y a resistir”.
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Un crecimiento imparable, con raíces profundas
Lo que empezó en 2001 con apenas 28 asistentes, se ha convertido en una de las movilizaciones más importantes del país. En 2024, la marcha reunió a más de 350.000 personas, y este 2025 se esperaba superar esa cifra. Cali ha logrado consolidar esta jornada como un hito anual, en la que se expresan tanto la celebración de identidades diversas.
Pese al crecimiento exponencial y el impacto social del evento, los organizadores enfrentaron este año serias dificultades económicas. Desde la administración se exigió un pago de 26 millones de pesos bajo el argumento de que la marcha era un espectáculo público, lo que impidió contar con presentaciones artísticas al cierre. Clau Ramírez, una de las coordinadoras, aclaró que el evento es una movilización social, no un desfile comercial. A esto se sumó un recorte de más de 1.300 millones al presupuesto para población diversa en el nuevo Plan de Desarrollo de la ciudad.
