En una contundente acción contra el contrabando y la distribución de mercancía falsificada en Colombia, las autoridades ejecutaron un operativo en el corazón comercial de Cali que resultó en la incautación de un enorme cargamento ilegal. El procedimiento, liderado por la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) en coordinación con la DIAN y la Fiscalía General de la Nación, se desarrolló el pasado 28 de junio como parte de la estrategia nacional ‘Operación Bloque de Búsqueda’.
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Durante los allanamientos realizados en un reconocido establecimiento del centro caleño, las autoridades descubrieron que el lugar funcionaba como centro de acopio para la distribución de productos fraudulentos a nivel nacional. En total, fueron decomisados 68.574 artículos de confección falsificados, 4.239 pares de calzado, 716 unidades de tecnología, 516 gorras y 28.749 elementos diversos, como lámparas solares, proyectores, masajeadores, básculas y otros electrodomésticos.
¿Con el golpe al contrabando se refuerza el compromiso por la protección de la legalidad?
El valor comercial de la mercancía supera los $14.000 millones, lo que representa un golpe directo a las finanzas de las redes criminales que operan este mercado ilegal. Según el comunicado oficial, con esta operación se busca no solo afectar el flujo económico de estas estructuras, sino también reforzar el compromiso del Estado con la protección del orden económico y la legalidad.
Además, la Policía Fiscal exhortó a la ciudadanía a colaborar en la lucha contra este delito, denunciando prácticas irregulares relacionadas con el comercio ilegal. En ese contexto, un reciente estudio de la firma Invamer reveló que solo por el contrabando de cigarrillos, el departamento del Valle del Cauca dejó de percibir más de $111 mil millones en 2024, lo que representa una pérdida crítica para la inversión social en municipios que dependen de estos ingresos.
Las autoridades insisten en que la lucha contra el contrabando no se detendrá y continuarán los operativos para frenar la circulación de mercancía ilegal que afecta a la economía formal y pone en riesgo la seguridad de los consumidores.
