La Policía capturó este viernes en Cali a Carlos Eduardo González Guerrero, exfuncionario de la DIAN, acusado de encabezar una red internacional de lavado de activos al servicio del ‘clan del Golfo’. Las autoridades lo señalan de haber blanqueado más de medio billón de pesos mediante la creación de empresas fachada utilizadas para importar textiles asiáticos, simulando operaciones comerciales legales.
González lideró esta operación desde su antigua posición en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde aprovechó su conocimiento del sistema tributario y aduanero para diseñar una red público-privada. Con la participación de personas sin capacidad económica real, construyó un entramado de compañías de papel, utilizando identidades prestadas a cambio de pagos periódicos. Estas empresas sirvieron como fachada para canalizar enormes sumas de dinero ilícito.
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Red internacional y uso de puertos colombianos
El exfuncionario organizó importaciones ficticias desde países como China, India, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Malasia y Singapur. A través de estas operaciones, ingresaba textiles legalmente al país para ocultar dinero del narcotráfico bajo apariencia de comercio lícito. Las mercancías ingresaban principalmente por los puertos de Buenaventura y Cartagena, lo que dificultaba la trazabilidad de los recursos ilegales.
Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, explicó que la operación para dar con González fue posible gracias al trabajo conjunto con el Reino Unido. “Logramos afectar las finanzas criminales del ‘clan del Golfo’ y dejar al descubierto una de sus estrategias más fuertes”, afirmó.
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Golpe estructural a las finanzas del crimen organizado
Con la captura del exfuncionario de la Dian, las autoridades desmantelaron una de las redes de lavado de dinero más sofisticadas del país. La red usaba comercio ficticio e identidades de personas de bajos recursos como supuestos dueños, sin control ni conocimiento real de las operaciones.
La Fiscalía y la Policía continúan las investigaciones para determinar si existen otros exfuncionarios implicados en esta red. Se espera que el caso se convierta en un precedente judicial para sancionar el uso de estructuras legales con fines delictivos. El caso también pone sobre la mesa la urgente necesidad de reforzar los controles sobre la creación de sociedades y los flujos comerciales internacionales en Colombia.
