Han pasado más de cuatro años desde que Cali se convirtió en epicentro de las protestas más intensas del paro nacional. Durante esos meses de movilización, represión y denuncia, la ciudad vivió un capítulo oscuro que hoy sigue dejando huella. En medio del estallido social, mientras cientos de jóvenes salían a las calles para exigir dignidad y oportunidades, la respuesta institucional fue, en muchos casos, la violencia.
Uno de los rostros más crudos de esa represión fue el de Giovanni García Garrido, un joven de 25 años que, en plena manifestación, fue impactado en el rostro por un proyectil disparado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), lo que le provocó la pérdida de su ojo izquierdo.
El pasado lunes, el Juzgado Segundo Administrativo de Cali emitió una decisión histórica al declarar responsable a la Policía Nacional por el daño causado a Giovanni, reconociendo que el disparo fue injustificado, directo y realizado con un arma de uso oficial. En su fallo, el juez fue enfático al asegurar que las heridas no fueron producto de un accidente, ni de un objeto lanzado por terceros, sino que provinieron de un cartucho de gas disparado con potencia letal por un uniformado que apuntó deliberadamente contra el manifestante.
“Salta a la vista que las heridas fueron causadas por un objeto contundente compatible con un cartucho de fusil lanza gas”, expresó el despacho, basándose tanto en pruebas técnicas como en el testimonio de un testigo presencial que vio al uniformado accionar su arma contra Giovanni.
Un caso emblemático entre decenas sin justicia
El de Giovanni no es un hecho aislado. En Cali, durante el estallido social, se registraron al menos 64 asesinatos de jóvenes, múltiples casos de violencia sexual, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones a los derechos humanos. Diversos informes de organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señalaron de forma clara la acción directa de agentes del Estado en hechos represivos, recomendando al Estado colombiano que adoptara medidas inmediatas para frenar el abuso y garantizar justicia. Sin embargo, la mayoría de los casos siguen impunes, y las víctimas, lejos de encontrar reparación, se enfrentan a un sistema judicial que avanza con lentitud y negligencia.
En el caso de Giovanni, el camino ha sido largo y doloroso. Desde 2021, él y su familia, junto a organizaciones como Nomadesc, Mevico y Mocao, han recorrido cada instancia institucional posible exigiendo verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. A pesar de haber presentado denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, el proceso penal aún no avanza, y la responsabilidad individual y por cadena de mando no ha sido esclarecida.
Esta condena judicial, aunque no resuelve el fondo penal del caso, representa un avance fundamental en la lucha contra la impunidad, al establecer que hubo una conducta reprochable por parte de la Policía y que el Estado debe responder por ella.
Un fallo que marca al país
La mutilación ocular de Giovanni es una entre más de 100 lesiones similares ocurridas en 2021 en el contexto de protestas sociales. La utilización de armas de dispersión como armas letales, especialmente dirigidas a los rostros de los manifestantes, no solo generó daños físicos irreparables, sino también profundas secuelas psicológicas.
Este patrón de represión sistemática pone en entredicho la forma como el Estado colombiano enfrenta la protesta y la movilización social. En lugar de proteger el derecho a la manifestación pacífica y garantizar la libertad de expresión, sectores de la fuerza pública optaron por reprimir con violencia, criminalizar a la juventud movilizada y acallar con miedo las exigencias sociales.
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Con esta sentencia, el poder judicial informa que la violencia estatal no puede quedar impune, y las víctimas del paro no deben ser olvidadas. Aunque falta mucho por recorrer, este fallo sienta un precedente para otros casos similares, y reabre el debate sobre el uso legítimo de la fuerza, la responsabilidad de las autoridades y la urgente necesidad de transformar las prácticas policiales en Colombia. Giovanni representa a una generación que no se resigna, que sigue exigiendo dignidad en las calles, y que hoy, al menos en parte, recibe un reconocimiento a su verdad y su dolor.
