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Vecinos del norte de Cali exigen intervención urgente en lote abandonado

El terreno se ha convertido en un punto crítico que afecta la calidad de vida de más de 3.000 personas.

La preocupación crece entre los habitantes de la comuna 2 de Cali, quienes se sienten “secuestrados” por el deterioro social y ambiental que representa un predio ubicado en la Avenida 2 Norte con Calle 34. Lo que alguna vez fue terreno del Municipio y pasó por entidades como la Corporación para la Recreación Popular y el Seguro Social, hoy está en manos de un privado que, tras ver frustrado un proyecto urbanístico por disputas legales, dejó el lote en el abandono.

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Vecinos del sector denuncian que el lugar se ha transformado en un refugio para habitantes de calle, escenario para el consumo de drogas, prostitución y robos. “Uno no puede salir tranquilo con los hijos. Hay mucho habitante de calle y cada vez es más peligroso”, expresó Derman Gutiérrez a 90 Minutos, uno de los residentes afectados.

300 personas entran diariamente al lote a consumir drogas

Julián Alberto Mejía, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Prados del Norte, asegura que han llegado a contar hasta 300 personas entrando diariamente al lugar para consumir sustancias psicoactivas. La quema de llantas y la acumulación de cambuches se suman a una problemática que impacta no solo la seguridad, sino también la economía local.

Orlando Mera, líder comunitario y comerciante del sector, lamentó el declive comercial que ha traído la situación. “Antes había 200 comerciantes, hoy quedamos ocho. Las ventas cayeron un 90 %. La gente tiene miedo de pasar por aquí”, denunció.

Desde la Alcaldía de Cali se aclaró que no es posible intervenir el terreno mientras no finalice el proceso jurídico que podría restituirlo al Municipio. Sin embargo, se informó que ya se adelanta un programa de convivencia ciudadana para mitigar los riesgos.

Pese a ello, los vecinos no descartan tomar acciones por su cuenta, como la ocupación simbólica del lote para limpiarlo y habilitarlo como espacio público. “Es la única zona verde que tenemos. No podemos esperar más mientras la inseguridad crece”, afirman.

Mientras avanza el proceso legal, la comunidad sigue esperando soluciones concretas que les devuelvan la tranquilidad y el derecho a habitar un entorno digno y seguro.

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