La captura en Cali de alias El Mocho, presunto integrante de las disidencias de las FARC, puso en evidencia un drama que golpea con fuerza a la capital vallecaucana y es el reclutamiento forzado de jóvenes. Según las autoridades, las milicias urbanas están utilizando engaños para sacar a adolescentes de sectores vulnerables, ofreciéndoles dinero, protección o un supuesto futuro mejor. Sin embargo, detrás de esas promesas, los menores terminan integrados en redes criminales, expuestos a la violencia y, en algunos casos, a la muerte.
Ante la situación, Iris Marín Ortiz, defensora nacional del pueblo, advirtió que el Valle del Cauca está experimentando un incremento preocupante en la utilización de menores por parte de grupos armados. Explicó que la conflictividad que afecta al suroccidente del país ha permeado a Cali, donde los reclutamientos ilegales se han vuelto más frecuentes. “No existe reclutamiento voluntario, aunque algunos adolescentes parezcan aceptar las propuestas, realmente no puede hablarse de consentimiento, ya que son víctimas de manipulación”, señaló Marín.
Además, el drama alcanzó niveles más graves tras conocerse que dos adolescentes, reclutados por la fuerza, aparecieron muertos en Medicina Legal de Popayán. Este hecho encendió las alarmas en organismos de derechos humanos y en las autoridades, que buscan con urgencia detener a quienes se encuentran detrás de estas estructuras criminales.
Pronunciamiento del alcalde de Cali
Por ello, el alcalde Alejandro Eder no dudó en calificar la situación como un delito de lesa humanidad. “Recordemos que esta organización no solo está poniendo bombas en Cali. No solo están amenazando a nuestros dirigentes democráticos, sino que también se están llevando decenas de niños, les entregan fusiles y los obligan a pelear”, afirmó el mandatario local, quien exigió mayor contundencia por parte de las fuerzas del Estado.
Mientras los operativos continúan, decenas de familias en Cali siguen viviendo en la incertidumbre. Padres y madres aguardan noticias de hijos que salieron de casa y nunca regresaron, con la esperanza de que puedan ser rescatados antes de que corran la misma suerte que otros jóvenes.
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Este reclutamiento forzado de menores se ha convertido en una herida abierta en la ciudad, que refleja la vulnerabilidad de los barrios más golpeados por la pobreza y la violencia. Autoridades locales, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales coinciden en que frenar este flagelo requiere no solo acciones militares, sino también inversión social que permita ofrecer alternativas reales a los jóvenes en riesgo.
