Un nuevo ataque armado se registró en Cali y tuvo como víctima a un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). El dragoneante fue identificado como Jimmy Franklin Flórez Salazar, de 50 años, adscrito al establecimiento carcelario de la ciudad.
Según información preliminar, el hecho ocurrió hacia las 7:30 p. m. en la Diagonal 30 con Carrera 32, en el barrio Los Conquistadores, al oriente de la capital del Valle. De acuerdo con el reporte inicial, Flórez Salazar se movilizaba en un vehículo gris marca Corsa cuando, al parecer, un hombre armado se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones.
El funcionario falleció dentro del vehículo antes de poder recibir atención médica. Testigos indicaron que el presunto agresor habría huido del lugar en una motocicleta, por lo que las autoridades adelantan operativos en la zona para dar con su paradero. Hasta el momento, el INPEC no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el hecho.
Escalada de ataques contra el INPEC
Este nuevo atentado se suma a una preocupante ola de violencia que ha tenido como blanco a funcionarios del INPECen distintas regiones del país durante las últimas semanas. Solo en el Valle del Cauca, el pasado 3 de octubre dos guardianes fueron atacados en Palmira, dejando uno de ellos muerto y otro herido de gravedad. Tras un operativo policial, se logró la captura de ocho presuntos implicados. Además, las autoridades incautaron armas y vehículos que presuntamente usaron en el crimen.
En Bogotá, ese mismo día, un ataque armado cerca de la cárcel La Modelo dejó un guardia muerto y tres más heridos. De acuerdo con el INPEC, al menos 200 funcionarios han recibido amenazas en lo corrido del año. Situación que evidencia la creciente inseguridad que rodea al sistema penitenciario colombiano.
Preocupación por la seguridad penitenciaria
Los recientes hechos han prendido las alarmas en el sector judicial y penitenciario. Según algunas hipótesis, la violencia contra los funcionarios podría estar relacionada con las acciones de grupos delictivos que buscan intimidar al personal del INPEC ante los controles internos en los centros de reclusión. También se habla de posibles represarías por el traslado de cabecillas.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades locales y nacionales han reiterado su compromiso de reforzar la seguridad de los funcionarios y esclarecer los hechos.
