La reciente disposición del Gobierno, que impide a los colegios declarar la pérdida del año sin demostrar acompañamiento académico y comunicación con los padres, ha generado un amplio debate en el sector educativo. Aunque la medida busca garantizar la equidad y evitar sanciones injustas, docentes aseguran que limita la autonomía pedagógica y desconoce la realidad dentro de las aulas.
Educadores expresaron a CW+ Noticias su preocupación frente a lo que consideran un intento de homogeneizar la educación, sin tener en cuenta las diferencias en contextos, recursos y niveles de compromiso familiar. Para ellos, el aprendizaje también implica asumir consecuencias, y eliminar esa posibilidad podría afectar el desarrollo integral de los estudiantes.
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La norma que redefine la evaluación escolar
El Decreto 1290 de 2009, establece que ningún estudiante puede perder el año si la institución educativa no demuestra haber brindado apoyo, refuerzo y comunicación constante con sus acudientes. La intención de esta norma es evitar sanciones arbitrarias y garantizar que cada estudiante reciba acompañamiento integral durante su proceso de aprendizaje. Sin embargo, su aplicación ha despertado inquietudes sobre la autonomía de los colegios y el equilibrio entre exigencia y flexibilidad.
Para los docentes consultados por CW+ Noticias, el decreto refleja una visión parcial de la realidad escolar. Señalan que, si bien la medida pretende fortalecer el acompañamiento, no reconoce las condiciones desiguales entre instituciones, ni la falta de participación de algunas familias en el proceso educativo. En muchos casos, advierten, el problema no radica en la evaluación, sino en la ausencia de compromiso conjunto entre escuela, Estado y hogar.
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“Poner a no perder por ley mediocratiza la educación”
Jimmy Pineda Gómez, docente de filosofía del Colegio Los Andes, expresó su desacuerdo en entrevista con CW+ Noticias, argumentando que la medida desvirtúa el sentido del aprendizaje. “Poner a no perder por ley a un estudiante mediocratiza la educación. Parte fundamental del aprendizaje es el error, y si no le permito a un niño errar y asumir las consecuencias, nunca va a aprender”, afirmó el profesor, quien cuenta con más de 18 años de experiencia.
Pineda sostiene que el Gobierno desconoce la labor que las instituciones vienen desarrollando desde la pandemia para reforzar la comunicación con las familias y hacer seguimiento a cada estudiante. A su juicio, la norma “pasa por alto los estudios en psicología del desarrollo” y las dinámicas reales del aula. “La ley pretende responsabilizar al colegio de todo, incluso de lo que corresponde a los padres. Hoy vemos deserción, no de estudiantes, sino de familias que no acompañan el proceso”, enfatizó.
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El papel de los padres en el proceso educativo
La nueva disposición, que busca promover la corresponsabilidad entre familias y colegios, exige que los padres estén informados sobre el progreso académico de sus hijos. Sin embargo, los educadores advierten que esta condición es difícil de cumplir cuando los acudientes no asumen su papel. Jorge Ramírez, coordinador académico del Colegio Los Andes, explicó a CW+ Noticias que “es un compromiso entre casa y colegio. Los padres deben asistir con frecuencia a la institución y verificar el cumplimiento de los objetivos”.
El docente recordó que, aunque los colegios organizan reuniones, envían reportes y mantienen canales abiertos de comunicación, muchos acudientes no participan activamente. “Hay padres que solo aparecen al final del año, cuando el resultado académico ya está definido. No se trata solo de exigir, sino de acompañar, de estar presentes en el proceso”, puntualizó Ramírez, subrayando que la educación no puede ser efectiva si una de las partes se ausenta.
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Educadores alertan sobre el impacto en la autonomía escolar
Más allá del debate sobre la evaluación, los docentes también advierten que la medida podría afectar la autonomía de las instituciones educativas para tomar decisiones pedagógicas. Carol Mera, profesora del mismo colegio, explicó a CW+ Noticias que la intención de proteger a los estudiantes es válida, pero el riesgo está en “debilitar la autoridad del maestro y perder el equilibrio entre derechos y deberes”.
Para Mera, eliminar la posibilidad de perder el año escolar puede transmitir el mensaje equivocado. “Si ahora, que existe acompañamiento, muchos padres se sienten ausentes, no imagino lo que pasará cuando no haya consecuencias académicas. Todos, incluidos los estudiantes, debemos asumir responsabilidades. De lo contrario, el esfuerzo y la disciplina pierden valor”, afirmó. Los docentes insisten en que el aprendizaje debe mantenerse exigente, pero con justicia y acompañamiento real.
El nuevo marco legal plantea un desafío doble: garantizar los derechos de los estudiantes sin reducir los estándares académicos. Para los profesores consultados, el objetivo debería ser lograr una educación más humana, pero también más responsable. “No se trata de castigar, sino de formar. Pero para formar, el estudiante debe reconocer que el esfuerzo tiene consecuencias”, concluyó Pineda.
