Los ternados a la Contraloría de Cali, Ligia Amanda Gallego Blandón y Diego Mauricio López, se oponen a la decisión del Concejo de suspender el proceso. Piden no tumbar la terna por los presuntos vicios de trámite indicados por la Procuraduría. El pasado 4 de octubre, a mesa directiva del Concejo les envió a los ternados la solicitud de consentimiento para revocar la resolución 200.2.2.366 del 9 de octubre del 2025, que define la terna final para contralor distrital. Pero los ternados no respondieron de manera positiva a ella.
Como ninguno ha consentido hacerlo, el Concejo no puede revocar. Sin embargo, les dieron tres días hábiles para enviar su consentimiento. De lo contrario, según la solicitud, se entenderá que el ternado acata las solicitudes de la Procuraduría y se acoge a las medidas correctivas que implemente el Concejo.
Por su parte, la ternada Gallego confirmó a CW+ Noticias que está elaborando una tutela en contra de la decisión del Concejo. Y Diego Mauricio López ya interpuso la suya. En ella, López exige al Concejo que fije una fecha para la entrevista y elección del Contralor. También presentó otra en la que acusa al Concejo y a la Procuraduría de vulnerar sus derechos fundamentales. Para ambos, la orden de la Procuraduría es arbitraria e ilegal porque se refiere a etapas concluidas del proceso de selección.
Contexto: En vilo elección de contralor de Cali tras suspensión por “riesgo de nulidad”.
La negativa de los ternados para la suspensión del proceso
El pasado 5 de noviembre, la mesa directiva del Concejo —compuesta por Edinson Lucumí, Ana Erazo y Tania Fernández— suspendió el proceso de elección a contralor. Lo hizo luego de la petición de 14 concejales, quienes solicitaron la revocatoria inmediata por los vicios de trámite indicados por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Estos concejales aseguraron que habría “riesgo de nulidad electoral” y de consecuencias jurídicas en su contra.
Pero los ternados se oponen a la decisión, así como al actuar de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública en cabeza del procurador Samuel Benjamín Arrieta. Para el Ministerio Público, el proceso tiene vicios como la falta del acto de delegación de funciones y el incumplimiento con el deber de publicación previa. Por eso pidió no elegir contralor hasta subsanar los vicios para “garantizar el pleno cumplimiento de los principios de legalidad, mérito, publicidad, participación y transparencia”.
Para López, la Procuraduría presuntamente violó sus derechos al debido proceso. Según su tutela, el procurador bajo una actuación preventiva, emitió órdenes que buscan retrotraer todas las etapas de la convocatoria pública y dejar sin efecto las resoluciones emitidas por el Concejo, a pesar de que esas etapas ya se encontraban concluidas y precluidas (consumadas). A su vez, dice que este procurador no es competente para ordenar medidas correctivas o rehacer actos procesales consumados. Dice que es facultad de un juez.
Además, argumenta que la Procuraduría no lo vinculó a él ni a los otros dos ternados a actuación preventiva, impidiéndoles ejercer su derecho de contradicción y defensa. También dice que el Procurador Delegado aplicó un trato desigual al Concejo Distrital de Cali y a los participantes de esta convocatoria, comparado con procesos similares de otras corporaciones públicas (como la elección de contralores municipales o departamentales), donde no se han advertido vicios bajo los mismos parámetros legales.
Un Juzgado admitió otra tutela que pide vincular a los ternados
El pasado 6 de noviembre, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali admitió una tutela interpuesta por el ciudadano Jorge Hernán Vélez Flórez. Finalmente, el juzgado ordenó vincular a los ternados Diego Mauricio López, Ligia Amanda Gallego Blandón y Gustavo Alberto Barrientos. También a la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc).
También vincula a la Alcaldía de Cali y a todas las personas que conforman la lista de admitidos e inadmitidos al proceso de elección. Lo hizo para que todas las personas interesadas o afectadas con un posible fallo de mérito pudieran intervenir y ejercer su derecho a la defensa y contradicción.
¿Y ahora qué con el proceso de elección?
El proceso sigue suspendido. Según el Concepto 099021 de 2022 de Función Pública, debe haber tres meses entre la convocatoria y el proceso de elección a contralor. En este caso, los tres meses se cumplieron el 29 de octubre, fecha en la que concejales como Roberto Ortiz estaban pidiendo elegir para no dilatar más el proceso. Sin embargo, el Concejo tenía hasta diciembre para elegir.
El periodo de Pedro Ordóñez en la Contraloría distrital termina el 31 de diciembre. Si antes de esa fecha no se ha elegido su reemplazo, el cargo entraría en interinidad. Si el proceso vuelve a su punto de partida o la publicación de los candidatos, hay riesgo de caer en interinidad por lo menos hasta marzo o abril del próximo año.
Conozca los perfiles de los ternados acá: Más técnicos que políticos: estos son los ternados a la Contraloría de Cali.
