El pasado martes 17 de marzo, los representantes del Valle Hernando González y Alfredo Mondragón, de Cambio Radical y Pacto Histórico —respectivamente— denunciaron en Plenaria las presuntas irregularidades en la elección de contralor de Cali. González le pidió al procurador general, Gregorio Eljach, enviar una comisión a la ciudad para hacer seguimiento. En paralelo, hay opiniones divididas en el Concejo.
Según confirmó González a CW+ Noticias, ya le hizo llegar la solicitud formal al procurador. Busca que sea ese órgano quien determine si finalmente el proceso está viciado o no y que reacomode el cronograma para que la ciudad pueda tener su contralor en propiedad. Entre tanto, la Mesa Directiva del Concejo decidió anular el proceso y comenzar desde cero, una medida que para algunos cabildantes es inoportuna.
Entre tanto, Cali lleva tres meses con una contralora delegada por el alcalde Alejandro Eder, tras finalizar el periodo de Pedro Ordóñez en diciembre del 2025. Para algunos, esto se trata de supuestas “presiones”. Incluso, documentos publicados en X que presuntamente serían de la Fiscalía, relatan un entramado de supuestos sobornos y reuniones pactadas para lograr acuerdos. Aún no es comprobado y concejales lo niegan.
Contexto: En vilo elección de contralor de Cali tras suspensión por “riesgo de nulidad”.
—La denuncia que llegó hasta el Congreso
Mondragón y González se pusieron de acuerdo para denunciar lo que está pasando con la elección de contralor de Cali. “¿Será que los concejales le están respondiendo a algo o a alguien?, ¿o los tienen amenazados?”, cuestionó González desde la Cámara. “Comparto nuestra preocupación de que el alcalde oligárquico de Cali, Alejandro Eder, haya designado contralora a dedo”, contestó Mondragón.
La polémica por elección de contralor viene desde hace cinco meses, aproximadamente. A finales de octubre del año pasado, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública encontró vicios e irregularidades en el proceso de elección y pidió no elegir hasta subsanarlos. Así las cosas, la elección llegó a aplazarse hasta más de tres veces por falta de quórum, a pesar de que hay una terna lista conformada por Amanda Gallego, Diego López y Gustavo Barrientos. Acá sus perfiles.
Para 2026, la elección no quedó programada ni en sesiones extraordinarias ni en las ordinarias. Finalmente, el alcalde Eder designó a Luz Arianne Zúñiga como contralora encargada. Pese a las advertencias de la Procuraduría y la negativa de 14 concejales para elegir, por lo menos dos fallos de jueces diferentes le han dado luz verde. Pero hasta la fecha, no se elige. De hecho, la mesa directiva anuló todo el proceso.
Esta última actuación desató que las denuncias, que hasta ahora se habían mantenido en lo local, escalaran a nivel nacional. “Yo nunca antes me había pronunciado sobre el tema, pero ya me parece extraño que en casi todos los municipios pudieran sacar adelante el proceso, menos en Cali”, confirmó Hernández a este medio.
A finales de enero de este año, el Tribunal Administrativo del Valle negó una demanda en contra de la convocatoria que alegaba vulneración de derechos y falta de garantías en el proceso, pues no se publicó previamente un borrador de la convocatoria. El tribunal determinó que no existía un deber legal claro que determine la obligatoriedad en la publicación de tal documento.
En diciembre del año pasado, el Juzgado 21 Administrativo había confirmado la validez del proceso de elección del contralor sobre la misma demanda, interpuesta por el ciudadano Jorge Hernán Vélez. Por eso, esta vez el Tribunal Administrativo ratificó la negación por parte del Juzgado. Ante ese panorama, Hernández asegura que el actuar de la Mesa Directiva y de los concejales que se oponen a elegir sería “ilegal”.
El representante ya envió una solicitud formal al procurador Gregorio Eljach e incluso habló personalmente con él. Le pidió enviar una comisión especial a Cali, que revise cada actuación hecha por los concejales y que determinen si están bien o mal hechas. Por su parte, Mondragón expresó su preocupación particularmente por la “falta de vigilancia” al presupuesto de la Alcaldía Eder, que es por 7.7 billones de pesos. Y por el control al empréstito, que quedó en 2 billones.
“El señor representante no ha estado en el Concejo, no ha visto en las discusiones. Aseguro que no ha leído los documentos que hemos radicado en las proposiciones que tampoco fueron sometidas a votación en su momento”, contestó el concejal de La U, Carlos Andrés Arias. “El procurador (Samuel) Arrieta es el delegado directamente del despacho del procurador general Eljach. La Procuraduría nunca se ha ido”, agregó.
—Las tensiones en el Concejo y las opiniones divididas
A través de la resolución 073 de 2026, la Mesa Directiva decidió anular todo el proceso que se venía adelantando para elegir al nuevo contralor. Fue firmada por la presidenta del Concejo, Daniella Plaza (Colombia Renaciente) y el primer vicepresidente del Concejo, Andrés Escobar (Centro Democrático). La segunda vicepresidenta, María del Carmen Londoño (Pacto Histórico), no firmó y se apartó del proceso.
“El proceso de selección y las etapas establecidas se dieron de forma oportuna y con la inmediatez debida”, confirmó Londoño, quien ha sido crítica del actuar de sus colegas. Esa misma postura la tiene Mauricio Zamora, también del Pacto. “Hay un fraude de resolución judicial”, dice a CW+ Noticias. Para Zamora, solo se podría revocar si un juez lo hubiera ordenado o si la terna decidiera retrotraer el proceso. Pero ninguno quiso.
Otros concejales que no están de acuerdo son Rodrigo Salazar, del Partido Verde; y Roberto Ortiz, del estatuto de oposición. “Me parece que una proposición no puede tumbar una terna que ya tiene unos derechos adquiridos”, señaló Ortiz. Pero del otro lado hay 14 concejales que no están de acuerdo con esa visión. Para ellos, la Procuraduría delegada ya alertó de presuntas inconsistencias y no quieren arriesgarse a elegir en un proceso que esté viciado.
“Nosotros como concejales tenemos el deber de elegir en el momento indicado, en el momento que las normas se cumplan y estamos en ese proceso”, señala a este medio el concejal Fabio Arroyave, del partido Liberal. “Yo como concejal estoy dispuesto y atento a poder elegir el contralor y que la mesa directiva haga el proceso debido”, asegura por su parte el concejal también liberal, James Agudelo.
Uno de los aspectos clave, es que el contrato con la Unidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) fue liquidado. Esa institución fue la encargada de aplicar las pruebas a los candidatos, de donde salió la terna final con los tres con mayor puntaje. Según la Procuraduría, la Uptc “habría analizado y respondido reclamaciones de aspirantes sin tener competencia legal para ejercer funciones de gestión público-administrativa”. Para algunos concejales, esto imposibilita subsanar las supuestas irregularidades señaladas con esa universidad.
—Rumores de presiones y presuntos sobornos enlodan el proceso
El pasado 10 de marzo, el activista y veedor, Fede Castiblanco, publicó en su cuenta de X presuntos archivos filtrados del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Los documentos serían de una investigación que estaría adelantando el órgano acerca de presuntas presiones y sobornos para no elegir contralor. Hasta ahora, la Fiscalía no ha confirmado la veracidad de los documentos y concejales niegan su existencia.
Según el activista, la primera concejal citada a declarar es Daniela Plaza, quien en los documentos es señalada de ser parte de un “acuerdo político” con el concejal de Cambio Radical y expresidente del Concejo, Edinson Lucumí, para que fuera su sucesora y que “cumpliera con el cometido de revocar o retrotraer el proceso de selección de contralor”. Tanto Plaza como Lucumí lo niegan.
En los archivos, además de ese acuerdo, se mencionan reuniones entre el excontralor de Cali, Pedro Ordónez, con el personero de Yumbo, Mauricio Castañeda, para “sabotear” el proceso porque este último no alcanzó a quedar inscrito. Según relata, los encuentros se dieron entre noviembre y diciembre del 2025, en los que incluso asistió el senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez, quien sería cercano al personero de Yumbo. El acuerdo también incluye al exsenador y asesor en temas políticos de Eder, Gabriel Velasco.
En otro apartado, los archivos mencionan que el concejal Carlos Arias presuntamente debía viajar a Bogotá para acompañar al senador Jiménez a cerrar un acuerdo con el procurador segundo delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Samuel Arrieta. Supuestamente, para que Arrieta ordenara suspender el proceso a cambio de un soborno por 600 millones de pesos y el aval de La U para el Concejo de Bogotá. Arias no se ha referido al tema y confirmó a CW+ Noticias que no tiene intereses y que sus actuaciones se han “sometido a lo alertado por la Procuraduría”.
“Yo no conozco ningún documento de la Fiscalía referente al tema. Yo conozco uno que circuló apócrifo por internet, pero eso no para nosotros no es un documento oficial”, señaló el concejal Arroyave a este medio. Aunque hay negación del tema, una fuente cercana al proceso que pidió reserva para resguardar su seguridad, confirmó a este medio que el proceso es real y que incluso la citaron a testificar.
Por ahora, el activista Castiblanco confirma que son cerca de 340 archivos que se están verificando desde Estados Unidos. Y que, además, “hubo varias entrevistas de peritos y fiscales entre diciembre y enero, solicitudes de documentos y unificación de SPOA”. CW+ Noticias se contactó con Castiblanco, pero al momento de la publicación de esta nota, no ha logrado hablar con él.
Por ahora, el proceso sigue en vilo. El Concejo está expectante a que la Procuraduría General actúe y sea quien dé la última palabra. Los ternados no han querido renunciar y también están a la espera de lo que suceda. Entre tanto, Cali sigue con contralora interina, algo que llama la atención porque es el órgano encargado de vigilar la gestión de la plata pública de la ciudad.
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