El Consejo de Estado admitió una acción de tutela que sacude la institucionalidad de la capital vallecaucana. Mediante una medida provisional de oficio, el tribunal ordenó al Concejo de Cali designar a un contralor encargado en un término de cinco días. Esta decisión busca llenar el vacío de poder en el organismo de control mientras se resuelve el accidentado concurso público para elegir al titular del cargo para el periodo 2026-2029.
La tutela fue interpuesta por Diego Mauricio López Valencia, uno de los aspirantes al cargo. López denunció vulneraciones a sus derechos fundamentales debido a los constantes retrasos y bloqueos en el proceso de selección. Según el fallo, el encargo debe recaer sobre una persona que cumpla con los requisitos técnicos y legales, garantizando principios de objetividad e imparcialidad. Con esta orden, queda sin efectos el decreto que mantenía la interinidad actual bajo condiciones cuestionadas.
Un proceso marcado por irregularidades
La elección del contralor de Cali arrastra una estela de dudas desde finales de 2025. La Procuraduría General de la Nación ya había alertado sobre posibles irregularidades en la convocatoria y la evaluación de los candidatos. Entre las fallas detectadas aparece la falta de publicación de borradores para observaciones ciudadanas y dudas sobre la competencia de la universidad contratada para el apoyo técnico.
En marzo de 2026, la mesa directiva del Concejo, liderada por Daniella Plaza y Andrés Escobar, decidió anular todo lo actuado en 2025 para intentar subsanar los errores. Sin embargo, esta decisión no fue unánime. La concejal María del Carmen Londoño manifestó sus reparos y defendió la continuidad del proceso original. Esta división interna en el cabildo terminó de estancar la elección, llevando el caso hasta las instancias nacionales.
Plazo perentorio para la elección definitiva
El Consejo de Estado no solo ordenó el encargo inmediato, sino que impuso un cronograma estricto. El Concejo de Cali tiene un plazo máximo e improrrogable de tres meses para concluir la elección definitiva. El fallo exige que el proceso se retome bajo las reglas de la Resolución 261 de 2025, asegurando criterios de equidad de género, participación ciudadana y publicidad.
Esta orden judicial pone fin a ocho meses de incertidumbre administrativa en el control fiscal de la ciudad. El cabildo distrital deberá ahora acelerar la contratación de una nueva institución de educación superior para el apoyo logístico y jurídico. Si los concejales no cumplen con los tiempos establecidos por el magistrado Jorge Edison Portocarrero, podrían incurrir en desacato, lo que agravaría la crisis institucional en la corporación.
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