Debido a la amenaza de grupos armados en Colombia, la Defensoría del Pueblo ha solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a candidatos y servidores públicos en las elecciones de octubre.
42 candidatos han enfrentado intimidaciones y atentados en su campaña, mientras que 26 alcaldes han sido forzados a trabajar fuera de sus municipios.
La situación crítica se extiende a tres gobernadores, un personero, cuatro concejales y un diputado, afectando a varios departamentos del país.
La Defensoría ha identificado 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo alto de vulneraciones de derechos humanos.
