La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, alertó sobre la crítica situación de hacinamiento en los centros de detención transitoria del país. Como las Unidades de Reacción Inmediata (URIS) y estaciones de policía, que superan el 525%. Este alarmante porcentaje se atribuye al aumento de la delincuencia y la violencia, que ha generado un incremento en el número de capturas.
Buitrago subrayó la preocupación por el hacinamiento en estos centros, que no están bajo la gestión del Ministerio de Justicia ni del INPEC, sino de los municipios. La ministra explicó que en el país se están realizando hasta 1.100 capturas diarias, lo que dificulta el manejo de los detenidos.
Además, la ministra enfatizó la responsabilidad de los alcaldes en descongestionar estos centros y la necesidad de encontrar soluciones urgentes a esta crisis. Las decisiones retrasadas sobre la situación jurídica de los reclusos también contribuyen al problema, ya que muchos permanecen en transitorios esperando resolución de sus casos.
Para mitigar esta situación, Buitrago mencionó que se están realizando convenios entre el INPEC y el Ministerio de Justicia para facilitar el desahogo de los centros transitorios. Sin embargo, enfatizó que la responsabilidad principal recae en los municipios, quienes deben atender esta crisis con carácter prioritario.
Alcaldía de Cali e INPEC firman convenio para reducir el hacinamiento
La Alcaldía de Cali y el Instituto Colombiano Penitenciario y Carcelario (INPEC) han firmado un convenio interadministrativo con el objetivo de reducir el hacinamiento en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la ciudad. Este acuerdo busca mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad que están en estos espacios temporales. Con una inversión de 2.000 millones de pesos.
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El convenio, impulsado por el alcalde Alejandro Eder, permitirá que el INPEC se encargue de atender a los sindicados en los centros penitenciarios de Cali y Jamundí. Estos recursos se destinarán a la compra de elementos esenciales como kits de aseo, colchonetas, ventiladores y combustible. Jairo García Guerrero, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, destacó que esta es una medida a corto plazo para garantizar los derechos fundamentales de esta población.
“El convenio responde a nuestra responsabilidad constitucional de proteger a quienes están privados de la libertad”, afirmó.
