La Corte Suprema de Justicia confirmó una condena de cinco años y seis meses de prisión y una multa de $3.430 millones contra Aída Merlano, excongresista del Centro Democrático, debido a violaciones en los gastos de su campaña al Senado en las elecciones de 2018. La decisión, ratificada por la Sala de Casación Penal, responde a la violación de los topes de financiamiento electoral, un delito respaldado por pruebas encontradas en su sede de campaña durante un operativo. Allí, las autoridades incautaron cheques y documentos que demostraron que su campaña recibió financiación ilícita a través de importantes empresarios, entre ellos los hermanos Gerlein Echavarría.
La investigación concluyó que Merlano y sus colaboradores evadieron controles legales, superando los límites permitidos de gastos establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En su fallo, la Corte indicó que estas acciones quebrantaron los principios de igualdad y transparencia del sistema electoral. La excongresista, quien ha sido figura controvertida en el ámbito político, ya había enfrentado condenas por concierto para delinquir y otros delitos vinculados a la corrupción electoral.
Tal es el caso, que Merlano había organizado una red de empresarios, políticos y figuras influyentes en Atlántico, buscando consolidar su posición en cargos públicos. A través de actos de corrupción, presuntamente aseguraba votos y financiación para garantizar su éxito en elecciones, consolidando una hegemonía política basada en prácticas ilícitas.
Con esta ratificación, Aida Merlano deberá cumplir su condena de prisión y enfrentar la multa impuesta, lo que marca un hito en los esfuerzos del sistema judicial colombiano para sancionar las irregularidades en las campañas electorales y garantizar un proceso democrático transparente.
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Otros procesos judiciales en contra de Merlano
Desde 2019, Merlano ha estado inmersa en múltiples investigaciones. En particular, la Sala de Instrucción de la Corte examinó en 2023 la posible financiación irregular de la campaña de Mauricio Salazar, actual alcalde de Pereira y exrepresentante a la Cámara por Risaralda en 2015. Según el expediente, Merlano habría transferido al menos $110 millones a la cuenta bancaria de un miembro de su equipo de trabajo, presuntamente para apoyar la campaña de Salazar. Sin embargo, la Corte decidió no abrir una investigación formal en su contra debido a la falta de pruebas concluyentes que determinaran la comisión de un delito electoral en este caso específico.
